La Policía Nacional arribó a sus 87 años de creación sometida a cuestionamientos de la sociedad dominicana, que exige una profilaxis de sus miembros, para extirpar la corrupción, las bandas delictivas en su interior y afrontando un Proyecto de reforma de su Ley Orgánica, que se encuentra en la Cámara de Diputados.

La reforma busca que la seguridad ciudadana sea el principal objetivo de la institución del orden.

El proyecto de modificación de la Policía Nacional lo asumió la diputada Lourdes Aybar el 25 de agosto del 2022.

Mientras, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró en su discurso de rendición de cuentas a la nación, el pasado 27 de febrero, que la reforma y la transformación de la Policía Nacional seguirá avanzando en este 2023.

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El proyecto de ley de la legisladora del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo (FP), en su artículo 52, prohíbe la asignación de agentes a personas físicas dominicanas o extranjeras, o de seguridad para compañías privadas, sociedades o asociaciones sin fines de lucro.

El proyecto de ley de reforma policial no realiza cambios a la plataforma salarial. Sin embargo, Abinader manifestó que los incrementos de sueldos llevaron los salarios mínimos a RD$26,000 y que se registrará otro aumento de un 20%. La diputada Aybar plantea en el artículo 53 del proyecto los límites en la asignación de agentes de seguridad a retirados, para que en los casos de agentes de seguridad asignados a oficiales en retiro, su cantidad no pueda ser mayor de un policía.

En cuanto a la publicidad de la designación de agentes, establece que la información sobre la cantidad de asignados a la protección de las personas, edificios e instituciones establecidos, sea publicitada conforme a lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Esta asignación solo tiene la excepción de los agentes asignados para la protección de testigos o de víctimas de amenazas o de delitos.

El artículo 78 de la iniciativa legislativa describe a los miembros de la Policía Nacional como “servidores públicos”, en virtud del nombramiento legal, ya que cumplen y hacen cumplir la ley, y reciben su remuneración con fondos fijados en la Ley de Presupuesto General del Estado.