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POR VICENTE SOBREVELA
El presidente Leonel Fernández envió ayer al Congreso Nacional tres proyectos de ley para reformar la Tesorería Nacional, la Contraloría General de la República y regular las compras y contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones del gobierno.
El proyecto para reformar la Ley de la Tesorería modifica íntegramente la Ley 3893 de 1958 y el ejecutivo indicó que tiene el propósito de armonizar la base jurídica, adecuarla a las funciones y estructura actual y al nuevo modelo de administración financiera integrada.
Además, indicó establecerá el marco jurídico para que el sistema de tesorería pueda incorporar tecnologías modernas en los procesos de percepción, transferencia y entrega de fondos para que sea más eficiente, moderna y transparente para cuyo propósito aplica el principio de unidad de caja el que se materializa en la instrumentación de la cuenta única y se complementa con al aplicación d la programación financiera.
El proyecto para modificar la ley de la Contraloría establecería el Sistema Nacional de Control Interno, además de que fortalecería y ampliaría el alcance de las atribuciones y de las funciones del contralor, explica el ejecutivo.
Señala además que de esa forma se apoya al poder Ejecutivo en el cumplimiento del mandato constitucional de control interno y una eficaz función preventiva que asegure el adecuado recaudado y el debido manejo e inversión de los fondos y recursos públicos.
Con relación al proyecto de Ley de compras y contrataciones de bienes, tiene el propósito de reemplazar las leyes 295 de 1966 y la 105 de 1967.
El poder Ejecutivo indicó que hay dispersión, disgregación y ausencia de normativas actualizadas en materia de contratación pública, a pesar de que un alto porcentaje del gasto público de inversión se efectúa con los mecanismos de contratación estatal.
Explica además que por ello, es preciso que el Estado cuente con instrumentos de contratación ágiles, eficientes, eficaces en el cumplimiento de objetivos, pero suficientemente flexibles y transparentes.
Precisa además que los desequilibrios fiscales que enfrentan los países en vías de desarrollo, obligan a tomar medidas de contención del gasto y, por consiguiente, lograr una mayor eficiencia en los recursos públicos.
Indica que la experiencia desarrollada en otros países, ha demostrado que el establecimiento de una normativa moderna y flexible combinada con la automatización de los procesos de compra redunda positivamente en el comportamiento del gasto, de tal manera que es posible lograr mejores resultados con escasos recursos en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos.
