El Proyecto de Ley sobre Manejo de Residuos Sólidos en República Dominicana que fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2018, establecería un nuevo impuesto selectivo al consumo de un 0.20% a los bienes que generen residuos sólidos, que será recaudado por el Ministerio de Hacienda.
La ley indica que se exceptúa del pago de este impuesto el petróleo y sus derivados, el gas natural, los medicamentos y los productos agropecuarios en su primer ingreso a la cadena productiva nacional, así como las importaciones realizadas bajo el régimen de zonas francas con residuos devueltos.

De acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), este gravamen puede ser objeto de controversia, ya que se corre el riesgo de vulnerar la autonomía municipal.
Como resultado de ello, se gravarían bienes que se producen y se consumen en determinada demarcación, para recolectarse por medio de una entidad gubernamental nacional centralizada y se destinaría a un fideicomiso de carácter nacional adscrito al Ministerio de Medio Ambiente.
Beneficios. El estudio, realizado por Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local del OPD-FUNGLODE), plantea que promulgar el proyecto de ley fomentaría la industrialización de la recolección de los desechos sólidos, además de una cultura de reciclaje y manejo efectivo de la basura.
Y es que la propuesta establece la prohibición del uso de bolsas plásticas, envases de poliestireno expandido (FOAM) y la sustitución de vertederos a cielo abierto que operan sin regulación por rellenos sanitarios compartidos, además de un régimen de consecuencias y un régimen coercitivo para conocer las infracciones a esta nueva ley, entre otras novedades.
“Gracias a esta nueva ley se lograría un marco legal que lleve a que la gestión, manejo y disposición final de los residuos sólidos en el país sea un rubro para la inversión y para la generación de riqueza a través de la industrialización”, precisa el estudio.

Pago. El estudio también resalta que la pieza, que debe ser aprobada por el Senado, fija el pago de US$10 por tonelada de basura y que este sería insuficiente comparado con otros ejemplos de América Latina, como el Salvador, cuya tarifa por tonelada de basura va desde los US$17 hasta los US$29. El monto sería transitorio.