Los senadores Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti sometieron ayer un proyecto de ley que establece sanciones específicas a los funcionarios que incumplan con la declaración jurada de bienes, elimina el secreto bancario a los fondos de estos servidores y establece que una comisión bicameral del Congreso dé seguimiento al cumplimiento o no de la legislación.

Este instrumento legal, que busca contrarrestar la corrupción y el narcotráfico, incluye entre los funcionarios que deberán ajustarse a esta ley a los jefes militares y policiales y a los oficiales generales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

Abarca a los encargados departamentales y regionales de la Policía y demás oficiales en posiciones de mando.

También a los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los encargados departamentales de esos organismos, así como al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y sus jefes departamentales y regionales.

Además de la declaración jurada de bienes al asumir las funciones,   los titulares de los citados cargos y sus esposas deberán hacerla también cada dos años y al final de las funciones en el Estado, en un plazo no mayor de 15 días.

El proyecto crea  un sistema Automatizado de Declaraciones Juradas.