La Junta de Aeronáutica Civil pospuso el conocimiento de un proyecto para aumentar US$5.50 a las tasas que se cobran por el uso de los servicios de aérea para el aterrizaje en aeropuertos dominicanos, de los cuales dos serían utilizados para financiar la compra de aviones militares para la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).

La propuesta, que consta en un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo, del cual este diario obtuvo una copia en fuentes de la secretaría de Turismo, fue elaborado por funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que ejecuta las políticas y controla las actividades aéreas comerciales y privadas.

Según supo este diario en fuentes gubernamentales la discusión del proyecto fue pospuesta después que dos de los miembros de la Junta advirtieran que no era conveniente introducir en el debate nacional un incremento de impuestos en momentos en que existe un fuerte rechazo para este tipo de medidas y se cuestiona al Gobierno alegando que existe un desbordamiento del gasto público y un extendido uso de recursos en asuntos no prioritarios.  “Se estaría enviando al país el mensaje de que se crean nuevos impuestos para aumentar el gasto militar que siempre es cuestionado”, se dijo. 

El proyecto de decreto en cuestión aumenta US$5 a las tasas aeroportuarias para los pasajeros en vuelos charter que quedarían fijadas en 13 dólares y US$0.50 para los vuelos regulares, que también quedarían en 13 dólares por cada pasajero transportado.

Los vuelos charters se dedican a la transportación de turistas que llegan al país y tradicionalmente han tenido tasas más bajas que los vuelos regulares como política para favorecer el transporte turístico.

De los 5.50 dólares  2 serían dedicados a la compra de aviones militares para la FAD, 2.50 a la Secretaría de Turismo, y dos a la Junta de Aeronáutica Civil. El proyecto de decreto no especifica la cantidad de aviones y sólo refiere que se trata de equipos Super Tucano que forman parte de un proyecto preparado por la Junta de Aeronáutica Civil.

Ayer se supo en fuentes vinculadas a la DGAC que el objetivo es adquirir 10 aviones militares, pero se precisó que ese no es proyecto de la Junta de Aeronáutica Civil, sino de la DGAC, donde es apadrinado por uno de sus subdirectores.

La Junta de Aeronáutica Civil es un organismo colegiado que traza las políticas de la aviación civil, aprueba las licencias y rutas aeronáuticas y propone al presidente los impuestos que se cobran a las aerolíneas, que los fija por decreto. En la Junta tiene participación como representante del sector privado, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Los asuntos de aviación militar no son competencia de la Junta ni de la DGAC cuyo titular es el señor Norge Botello, un dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana que nunca antes estuvo vinculado a la aviación comercial.

La Junta es el organismos rector de las políticas de la aviación civil, pero no tiene un presupuesto asignado y se desconoce en qué serían utilizados estos dos dólares propuestos que para el año próximo sumarían unos 10 millones de dólares, es decir, unos 350 millones de pesos.

La ley 505 que rige esta materia establece en su artículo 10 que la Junta de Aeronáutica Civil estará integrada por el Director General de Aeronáutica Civil, quien la presidirá; el Sub-Director General de Aeronáutica Civil; un Oficial Superior de la Fuerza Aérea Dominicana, quien deberá ser Piloto de carrera; el Secretario de Estado de Turismo; dos especialistas en transporte aéreo y un abogado designados por el Poder Ejecutivo.

Según el artículo 12 de esta ley, corresponde a al Junta determinar la política de la aviación comercial en el país, el Plan General de Aeropuertos y Aeródromos y de Instalaciones para la Ayuda y Protección de la Navegación Aérea, las adquisiciones, instalaciones y mantenimiento de los elementos destinados a los servicios de ayuda y protección a la navegación aérea, y asesorar sobre las tasas y derechos que deban cobrarse por el uso de aeropuertos y aeródromos y de las instalaciones y servicios para la navegación aérea.

También, autorizar el establecimiento de servicios de transporte aéreo internacional y local y toda clase de servicios de aviación comercial; regular la capacidad de tráfico y aprobar las frecuencias de vuelos de los servicios de aeronavegación comercial; aprobar las tarifas de transporte aéreo y servicios aerocomerciales; proponer al Poder Ejecutivo la adopción de normas, reglas y procedimientos relacionados con los servicios de transporte aéreo y de aeronavegación comercial, y fomentar la aviación para turismo, comercio, agricultura, propósitos públicos y desarrollo de la economía del país en general.

Aumento del 2005

El último incremento de las tasas por los servicios que presta la DGAC fue de US$5 y se produjo hace un año, con el objetivo de financiar los programas de construcción de infraestructuras turísticas de una comisión creada por el Presidente Leonel Fernández y presidida por el Secretario de Estado de Turismo.

La asignación de recursos para obras de infraestructura con los recursos de este impuesto ha creado fricciones con el sector privado que se opuso a su creación, cuestionó el mecanismo de gestión de los fondos y se ha quejado por la forma en que se distribuye porque a la región de Punta Cana cuyo aeropuerto aporta más del 50% de las recaudaciones, se le ha asignado menos del 10% de las inversiones, que se han concentrado principalmente en Puerto Plata, por decisión del secretario de Turismo Felucho Jiménez.

La República Dominicana tiene la mala reputación de tener los más elevados impuestos al transporte aéreo entre los destinos turísticos de  Centroamérica y el Caribe, ya que más del 40% del valor de los boletos son impuestos directos que se cargan al pasajero.

Los aeropuertos internacionales son operados por empresas privadas que tienen a su cargo los servicios a los pasajeros y a las aeronaves, pero a pesar de que el Estado no ofrece ningún servicio sigue cobrando las mismas tarifas existentes antes de que se privatizarán estas instalaciones, que ahora tienen altos costos para la aviación porque además de los cargos del Estado deben pagar la factura de servicios que reciben de los operadores privados.

El proyecto también aumenta las tasas o derechos para el uso de los servicios de navegación aérea para los aterrizajes en los aeropuertos dominicanos.