Actualmente, las mujeres constituyen más de la mitad de la población dominicana. Sin embargo, esta mayoría no se refleja en la composición del Congreso Nacional donde solo el 25% de sus miembros pertenece a este género. Mientras que el Poder Legislativo ha sido lento en aprobar leyes que tienen que ver con su desarrollo.
Así se estable en el “Panorama evolutivo de la situación de la mujer dominicana al año 2018” realizado por el Observatorio Político Dominicano (OPD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
Señala que a pesar de que la cantidad de legisladoras ha ido aumentado en el Congreso desde 1942 cuando se aprobó el voto femenino en el país, esta evolución no se ha reflejado en mayor liderazgo legislativo. Tampoco en el conocimiento y aprobación de importantes normativas que contribuirían con el desarrollo de la población femenina sobre todo en temas de salud y participación.
Conformación. El Congreso Nacional está compuesto por 222 legisladores, 32 senadores y 190 diputados, cuya responsabilidad es elaborar y aprobar las leyes que rigen todos los sectores del país y ejercer como fiscalizadores de los demás poderes del Estado.

A pesar de lo planteado anteriormente y la Ley Electoral 12-2000, que establece un mínimo de 33% en las candidaturas a diputaciones y regidurías, para el período legislativo 2016-2020, apenas 56 de los 222 legisladores son mujeres, es decir, representan el 25% del total de miembros del Congreso Nacional, lo que indica que por cada 10 congresistas hay en alguna cámara del Congreso dos mujeres, aproximadamente.

“Como se aprecia, ambas cámaras están lejos de lograr la igualdad en cantidad, aunque las mujeres constituyen la mayor parte del padrón electoral”.

En el caso del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del total de representantes dominicanos (20), solo seis son mujeres, representando el 30%.
“Este aspecto indica que la existencia de normativas que buscan aumentar la cantidad de mujeres en las instituciones de toma de decisión y las entidades públicas son insuficientes”, apunta el estudio.
Liderazgo legislativo. El estudio señala que pese al aumento de mujeres en el Congreso, el liderazgo femenino no ha tenido el mismo crecimiento, ya que desde la instauración del Poder Legislativo en 1844, solo tres mujeres han logrado dirigir alguna de las cámaras: Rafaela (Lila) Alburquerque (1999-2003) en la Cámara Baja; Cristina Lizardo (2014-2016) en el Senado y finalmente, Lucía Medina (2016-2017) en la Cámara de Diputados.

Actualmente, ninguno de los bufetes directivos del Congreso es presidido por alguna mujer. En el Senado los cuatro puestos del bufete directivo están ocupados por hombres desde el año 2016, mientras que en la Cámara de Diputados la distribución de estos cargos es más equilibrada: de los cuatro puestos, dos mujeres forman parte: Ángela Pozo (vicepresidenta) y Miledys Núñez (secretaria).

Con respecto a la composición de las comisiones, la cámara alta está conformada por 30 y cada legisladora dirige una, representando el 10%.
En la cámara baja la situación es un poco más compleja, ya que de 40 comisiones, solo seis son presididas por alguna mujer, lo que equivale a un 15%.

Además de las presidencias de las comisiones, en la Cámara de Diputados hay 15 legisladoras que forman parte de la directiva de alguna comisión, es decir, son vicepresidentas o secretarias. “Sin embargo, estos números aún se pueden interpretar como una sub-representación, lo que implica una subvaloración de las capacidades de la mujer en estas instituciones”, apunta el estudio.

Legisladoras más activas. Un elemento analizado por el OPD fue la laboriosidad de las legisladoras al observar que en términos generales estas suelen someter menos proyectos que sus colegas masculinos.
“De hecho en la Cámara de Diputados solo una mujer quedó dentro de los 10 primeros diputados más productivos durante el 2017. En el caso del Senado, ninguna senadora logró ingresar en este ranking”.

Asimismo se determinó que la mayoría de las iniciativas sometidas por las legisladoras de ambas cámaras fueron depositadas de forma grupal. Es decir, estas fueron co-proponentes en gran parte de los proyectos.
Con respecto a las senadoras, ninguna destacó por el número de piezas sometidas durante el 2017, ya que cada una sometió entre cinco y tres piezas legislativas, cifras ligeramente por debajo de la media en el Senado, que fue de ocho propuestas por senador.

Proyectos de género. Durante la primera y segunda legislatura del 2017 se depositaron y conocieron, al menos, ocho iniciativas de ley concernientes a temas de la mujer. Estas propuestas se centraron en salud, educación, seguridad y política.
De los ocho proyectos la atención, se concentró en la discusión de la despenalización del aborto y el proyecto de ley que modifica el Código Penal.
También en el proyecto de ley que crea el “Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, aprobado y despachado a la cámara baja donde la comisión que lo conocía rindió informe. No obstante, la iniciativa perimió.
Además los proyectos de ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y el de Régimen Electoral que planteaban el aumento de la cuota de género a un 40%. “El debate en torno a estas propuestas estableció el escenario perfecto para discutir sobre la paridad o el aumento de la cuota. Con respecto a esto, los partidos políticos y legisladores llegaron a un acuerdo, pero la propuesta perimió”. refiere el OPD.
Consideraciones finales. El Observatorio de Política Dominicana concluye que aunque escasos fueron importantes los avances en el Poder Legislativo en las elecciones de 2016 en cuanto a la participación de la mujer.

Señala que la cuota de género ha sido uno de los progresos más importantes para la mujer dominicana, pero tiene ya 18 años y hasta ahora las discusiones no se han centrado en la paridad, sino, en cuotas que van desde 33% hasta el 40% para los cargos de diputaciones y regidurías y no así las candidaturas senatoriales.

En cuanto a las propuestas en temas de género, indica que tienen años que son discutidas y el curso que llevan no garantiza, su aprobación y posterior promulgación, a pesar del impacto que tendrían en las mujeres.
“Ciertamente, las legislaciones por sí solas no son capaces de resolver o reducir estos males, pero permitirían mejorar la calidad de los servicios en las instituciones encargadas, así como el establecimiento de políticas y definiciones más claras en aspectos que necesitan regulación”.