Los recientes proyectos de ley sometidos al senado de la República, por parte del Ejecutivo han despertado las intenciones de aprobar el Código Penal que reposa hace varios años en el Congreso Nacional.

Así lo expresaron legisladores, quienes entienden debe aprobarse la controversial pieza, antes de intentar respaldar iniciativas con objetivos similares-

Carlos Pérez, diputado de la Fuerza del Pueblo asegura que «el PRM teniendo la mayoría, como en efecto tiene, lo conveniente sería que conozcamos el Código Penal» previo a la discusión del proyecto de Protección a los Testigos y Judicialización de los Crímenes.

De su lado, el diputado Ramon Raposo asegura que estudiar las iniciativas del presidente Abinader, debe formalizarse el compendio legal, frenado por las causales del aborto.

Mientras que el congresista Danilo Diaz atribuye el estancamiento del Código Penal al Congreso «oficialista» ya que no han usado la mayoría para pasar la ley.

Sobre los ataques a los proyectos que buscan sanciones de hasta 50 años de prisión para las personas que incurran en sicariato, salió en su defensa el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien exhortó a la oposición «no criticar lo que ellos dejaron de hacer en 20 años».

Iniciativas

Se trata del Proyecto de Ley 0333 de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que establece penas de hasta 50 años de prisión para el citado ilícito, contemplado en su articulo 38:

«La persona que mate a otra por paga, recompensa, promesa o cualquier otra remuneración, será sancionado con una pena de 40 hasta 50 años, y una multa de 50 a 350 salarios mínimos«, estipula la iniciativa respecto al sicariato.

Asimismo, fija pena de 10 a 30 años de prisión a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados.

Así los delitos de alta tecnología, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, falsedad de documentos públicos, delitos graves cometidos contra las personas, y cualquier otro delito cuya pena mínima sea igual o superior a los tres años de prisión.

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