El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propuso hoy una redistribución del gasto público que permita que el 50 por ciento de las recaudaciones se invierta en infraestructura a favor de la producción y satisfacer necesidades sociales en las diferentes comunidades.

Sostiene que una medida de esta naturaleza generará miles de empleos en las diferentes provincias y municipios del país, lo que servirá para combatir la pobreza que afecta a una parte importante de la población.

Igualmente, el PRSC planta convertir la educación en un sistema nacional con participación social para mejorar su calidad en función de la identidad y productividad nacional, “involucrando sistemáticamente a padres en la administración de la educación primaria y empresas que apadrinen la educación secundaria como iniciación a la incorporación al mercado de trabajo”.

“También planteamos adoptar políticas públicas impulsoras de una economía privada orientada a la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades, generando a la vez puestos de trabajo”, agrega.

Estas propuestas están contenidas en un plan de “concertación programática” hecha por el PRSC para el período 2012-2016, en la que propone doce puntos fundamentales basado en la consigna de Joaquín Balaguer: “concordia en el orden político, trabajo en el campo económico y austeridad en el administrativo”.

El anuncio se hizo en el marco de la acostumbrada conferencia de prensa de los martes, en la sede principal del partido, en la avenida Tiradentes, en la que estuvieron presentes Julio César Madera, Máximo Castro Silverio, Domingo Plácido, Oscar Santiago Batista, Héctor Rodríguez Pimentel y el director de Prensa y Comunicación del PRSC, Roberto Brito. También los representantes de la Juventud Reformista Social Cristiana (JRSC) Vanessa Guzmán, Yenny De Jesús Abinader, Katherine Pelletier y Paola Almonte.

Otra propuesta fue equilibrar las finanzas públicas prescindiendo el endeudamiento y procurando excedentes fiscales practicando la austeridad inculcada por Balaguer, rediseñando el sistema tributario para consagrar incentivos a las actividades productivas a la vez que  simplificándolo y reduciendo tasas para aumentar ingresos en función de la justicia, equidad y espontaneidad en las contribuciones.

“Adaptar el Estado –sus poderes y cuasi poderes incluyendo municipios, gobierno central y autónomo-  a los predicamentos anteriores y a las nuevas disposiciones vigentes: Constitución, leyes y decretos, y procurar y velar por el fiel y estricto cumplimiento de las leyes”, dice otro de los puntos. 

Destacaron además en otra de las propuestas, ceñir estrictamente el sistema de seguridad social al contenido de las leyes vigentes despojándolo de la competencia interestatal y confiando en la capacidad de concertación de los agentes que conforman el sistema para cumplir sus cometidos sociales – de salubridad, riesgos, planes de pensiones, etc – además de la necesaria solvencia financiera.

Asimismo, liberalizar de la economía partiendo de los  combustibles y energía para estimular la competencia propia de la economía de mercado que profesamos, en favor de los consumidores, y de la competitividad de nuestras empresas en los mercados internacionales.

Igualmente, plantean adoptar normativas sociales de atención a los sectores de la población más desfavorecidos evitando la inhibición de la capacidad de emprendimiento: convirtiendo los subsidios en financiamiento a Pymes y convirtiendo el arte y deporte como vía de ascenso social.