El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propuso hoy una reforma constitucional que incluye once puntos, entre ellos uno que permite la habilitación futura del presidente Danilo Medina a partir del 2024.

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente del PRSC, Quique Antún, y el secretario general, Ramón Rogelio Genao, plantearon modificar la Constitución para corregir distorsiones y errores producto del pacto de las “Corbatas Azules”.

También plantean unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, “ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral”.

Asimismo, agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, “y así dejar constitucionalizado los cuatro niveles de elecciones el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular”.

HABLA QUIQUE

Al inicio de la conferencia de prensa celebrada en la sede del PRSC, el presidente de esa organización declaró que “los peligros que se ciernen sobre la República Dominicana no desaparecen por el hecho de que no se haya introducido una reforma constitucional, a los fines de permitir que el actual mandatario pudiera repostularse”.

Lamentablemente –agregó- los diferentes sectores de la vida nacional que se disputan el ejercicio del poder, prevalecen con la misma agenda y los mismos propósitos de los que gobiernan.

“Los peligros que tiene la Nación dominicana de ocupación e invasión pacifica haitiana, una deuda externa insoportable, hacen que si analizamos a profundidad, veremos que el estado dominicano camina hacia la quiebra”, resaltó.

Siguió diciendo que “el caos y el desorden prevalecen. La delincuencia mantiene secuestrada al pueblo dominicano, tanto la común como la de cuellos blancos, por falta de autoridad de quienes nos gobiernan desde hace 22 años”.

El presidente del PRSC resaltó asimismo que el país necesita y requiere de un nuevo orden que frene el paganismo que quiere introducir una ideología de género, que destruye la base moral de nuestra sociedad.

“Los dominicanos y dominicanos deben darse cuenta que la única organización que está planteando en estos momentos restablecer el orden y volver al pueblo dominicano su base moral y los cimientos de su seguridad es el PRSC”, dijo.

“Saludamos la decisión del presidente Danilo Medina, con esta no solo cumple su palabra sino que también atiende un amplio reclamo social, al tiempo que promueve la alternancia, el relevo y la renovación en el liderazgo político dominicano”, concluyó Quique Antún.

Lo que dijo Genao

De su lado, el secretario general del PRSC al responder preguntas de los periodistas dijo que “de los 5 millones 414 mil 509 dominicanos mayores de 30 años solo Danilo Medina no puede ser presidente de la Republica, lo restantes 5,414,508 si pueden serlo”.

Acto seguido, Genao se preguntó: ¿Esto es justo? Y explicó a seguida que “definitivamente no lo es, por lo que el PRSC propone habilitar al actual presidente de la Republica a partir del 2024 tal como se hizo con Leonel Fernández e Hipólito Mejía en la reforma del 2010”.

El Partido Reformista Social Cristiano propone que dicha reforma incluya los siguientes puntos:

1. Unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral. El costo estimado de unas elecciones generales municipales separadas ronda los 5 mil millones de pesos, dinero que el país pudiera utilizar para resolver muchos problemas en las comunidades. Además, el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho en varias ocasiones, que no tendría tiempo material para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 distritos municipales con más de 3,800 cargos a elegir, agravado con el estreno del voto preferencial para regidores y vocales.

2. Agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, y así dejar constitucionalizado el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular.

3. Volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo pactaron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República.

4. Darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o sea de 25 a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados.

5. Despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no militancia partidaria.

6. Disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos períodos consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio de puestos de elección popular.

7. Mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente de la República, teniendo la posibilidad de dos períodos y nunca jamás y establecer los candados necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial. Entre esos candados proponemos aumentar la mayoría calificada para poder modificar la Constitución y agregar al artículo 272 la reelección presidencial, para así igualar ese tema a otros como los derechos fundamentales, que requieren la aprobación de un referendo aprobatorio para poder ser modificado.

8. Colocar un “tope constitucional al endeudamiento” para fijar un riguroso límite al endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el acelerado ritmo de préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado de indefensión financiera.

9. Para combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal sentido, el Procurador General de la República y el Contralor General de la República, no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados por otro órgano constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del Presidente de la República.

10. Eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo un período único de diez años.

11. Habilitación futura a partir del 2024, del actual Presidente de la República.