POR MANUEL JIMENEZ
El bloque congresional del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ha asumido compromisos frente al gobierno a cambio del retiro de la observación presidencial a la reforma de la ley sobre financiamiento estatal a los partidos políticos, reveló ayer el diputado Luis José González Sánchez, representante por la provincia Baoruco.

González Sánchez aclaró, sin embargo, que no se trata de compromisos de carácter político, sino esencialmente respaldar las reformas económicas y fiscales que están pendientes de ejecución en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“El compromiso ha sido que se culmine exitosamente todo lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque en este acuerdo hay muchos eslabones que no se ven, pero que hay que irlos cumpliendo”, comentó el legislador reformista.

Dijo que, por ejemplo, hay que organizar algunas leyes fiscales que “están sueltas” y está también la aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

“No hay nada de orden político ni de candidaturas, ni de bufetes ni nada de eso”, garantizó González Sánchez, uno de los participantes en las negociaciones frente a los representantes gubernamentales para el retiro de la observación presidencial.

González Sánchez informó que fue quien inició los contactos en este sentido directamente con el Presidente Fernández cuando este visitó el municipio de Neiba hace un par de semanas para encabezar audiencias populares y aseguró que lo hizo con el aval del bloque de diputados de su partido. “Eso se aprobó en una resolución”, dijo.

La comisión del gobierno que se reunió en dos ocasiones con representantes del bloque de diputados reformistas estuvo integrada por el Secretario de la Presidencia, Danilo Medina y el secretario Técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montás.

Estuvieron, además, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez y los diputados de la entidad Elías Serulle y Juan de los Santos.

Además de González Sánchez, por el bloque reformista participó su vocero Luis Reyes Ozuna y Héctor Mora. La primera de las reuniones se efectuó el miércoles de la semana pasada en el Palacio Nacional y la segunda la noche del lunes, también la casa de gobierno.

González Sánchez dijo que los representantes gubernamentales dijeron que el interés del Presidente Fernández es que en este país se fomente un verdadero clima de gobernabilidad y que refortalezca el sistema de partidos políticos.

Reveló que en la reunión se estuvo de acuerdo en que los intereses del país están por encima de las normales diferencias partidarias.

Manifestó que hubo preocupación frente a los numerosos casos de políticos que son acusados de actos de corrupción y que en el marco de una situación así los partidos políticos tienen que fortalecer su fe ante la opinión pública. “Si nadie confía en los partidos, que puede pasar?, se preguntó González Sánchez.

Dijo que el Presidente Fernández entiende que el Partido Reformista Social Cristiano es una fuerza que debe ser mantenida para fortalecer el régimen democrático, perol la ley electoral nos colocaba en una situación difícil ante el acceso de los fondos que se consigan para los partidos”.

La legislación aprobada por el Congreso y observada por el Poder Ejecutivo, en principio, modifica el párrafo II del artículo 50 de la Ley Electoral para que el 80% de los fondos que la Junta Central Electoral (JCE) consigna para los partidos se distribuya en partes iguales entre aquellos que obtuvieron más de 5% de los votos válidos en el torneo anterior. Agrega que el 20% restante se distribuirá entre los demás partidos reconocidos a los que se les aprueben candidaturas para las elecciones de ese año. Ese 20% se distribuirá a razón de 12% en partes iguales para los partidos reconocidos que obtuvieron menos del 5% en las elecciones previas y el restante 8%, en partes iguales, para esos mismos partidos y los de nuevo reconocimiento.

La ley, que había sido considerada como “absurda e ilógica” por el Presidente Fernández, deberá ser promulgada ahora por el Poder Ejecutivo en el plazo establecido.