Prudencia con la violencia fiscal

FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Los dominicanos, angustiados y asediados por todas partes por las más diversas presiones, atravesamos una etapa de incertidumbres y pesimismo, que se ve estimulada cuando en los sectores más importantes se cometen errores y se protagonizan acciones que empañan la transparencia con la que se debe actuar después de haber recibido la delegación de mando y la confianza por la ciudadanía, para que se vele y trabaje por el bien común.

La violencia delincuencial que nos arropa, y que es un punto común en casi todas las capitales latinoamericanas con efervescencia mayor a la nuestra, se ha envalentonado ante la ausencia frecuente de los intercambios de disparos y que son cosas del pasado. Gracias a las débiles acciones de los jueces y de la policía, que temen las represalias de los grupos antisociales y van en detrimento de la paz social, se ha agravado el temor ante la agresión.

Pero hay otra violencia muy delicada, que atemoriza al mundo empresarial, y ya vimos cómo ha sido necesario la intervención del Presidente de la República para armonizar los intereses entre Impuestos Internos, Verizon y el gobierno norteamericano, por la decisión dominicana de cobrar unos $500 millones de dólares a cuenta de ganancias de capital por las acciones que se van a vender de esa empresa de comunicaciones a una poderosa empresa mejicana de telecomunicaciones.

La acción de Impuestos Internos, que se distingue en la presente gestión por su verticalidad y responsabilidad para luchar en contra de la evasión de impuestos, cosa que ha tenido éxito al reducir en más de un 30% en los últimos dos años, tropieza al hacerle frente al desafío de que al fisco debe ingresar mensualmente no menos de $18 mil millones de pesos, meta que todavía no se ha alcanzado, pese a que ya se ronda los $16 mil millones de pesos, lo cual de por si es un gran logro por la exigencia de un presupuesto superior a los $220 mil millones de pesos, que faltando cinco meses para terminar el año, se estima que los ingresos llegarían a los $200 mil millones, pero sin alcanzar los topes presupuestados.

Pero los empresarios se preocupan ante las exigencias firmes de Impuestos Internos en la revisión de declaraciones, colocar puntos de control fijos en empresas donde se busca atacar la acción innata del contribuyente a rehuir el pago de los impuestos en que los mismos no se traducen en mejoría de los servicios públicos en malas condiciones. Hay una educación que no arranca para hacerle frente al desafío del milenio de la era cibernética, de un sistema de salud muy precario con hospitales que son almacenes de enfermos, un servicio energético caro y errático. La violencia no es controlada por las autoridades y con unas costosas fuerzas armadas de adorno, en que sus altos mandos juegan a la guerra con soldaditos de plomo, ya que casi todos pasan por sus carreras sin disparar un tiro real en conflictos, con excepción de los que se disparan en los entrenamientos.

El Gobierno está atrapado por la necesidad de actuar con prudencia frente a sus reclamos fiscales, pero al mismo tiempo debe mantener un clima de atracción de las inversiones, de manera que el país se ajuste a la realidad de la apertura internacional, en donde la escasa competitividad criolla sólo se eliminaría si dejan de existir tantos recelos y temores entre las partes protagónicas de la sociedad, como lo es el Gobierno y los empresarios.

Por un lado, el Gobierno actúa como si todos los empresarios son evasores, y hacia allá enfilan sus cañones represivos para hurgar las declaraciones, detectar contrabandos y determinar el volumen de lo evadido.

La gente aceptaría con reticencia, si en lugar de engrosar los gastos sociales, las nóminas de empleados-botellas, y los lujos de muchos funcionarios, etc, comprobaran que se ataca con determinación la falta de mantenimiento de edificios y las vías públicas, como ocurre con la avenida 6 de Noviembre, o en el revestimiento del túnel del ensanche Ozama o el túnel de la avenida 27 de Febrero, que las luces han disminuido y los extractores fueron robados o dejaron de funcionar.

Estamos atrapados por dos violencias, una, la de los delincuentes que reinan en muchos sectores nacionales, sin recibir el castigo, ya que desafortunadamente la Policía está carcomida por la presencia de indeseables que logran ingresar a ese cuerpo del orden para disfrutar legalmente de un arma de fuego y cometer sus fechorías, que los elevan en su nivel social de ingresos, cosa que con el sueldo no lograrían alcanzar. La otra cara es la violencia fiscal, sería asimilable si las autoridades se dieran cuenta, que su firmeza en buscar el aumento de sus ingresos, no se traduce en el bien común, sino en un despilfarro de recursos que se debe a que casi todos los funcionarios políticos solo piensan en su enriquecimiento o sus metas políticas personales de poder o de fortuna y empañan la labor de la DGII.