Un CD en el que supuestamente había una grabación que incriminaba a los magistrados José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, y que resultó estar en blanco, motivó el aplazamiento del juicio disciplinario al que serían sometidos ayer por la acusación de prevaricación que les hizo el procurador general Francisco Domínguez Brito.
“Se aplazó para el 5 de febrero a los fines de que las partes puedan tomar conocimiento de las pruebas, porque el Ministerio Público aportó un disco donde dice que hay grabación del seguimiento que se le dio a los magistrados, pero ese disco que se le entregó a uno está blanco, no tiene nada”, dijeron los abogados de los imputados, Frank Reynaldo Fermín y Valentín Medrano.
Testigos. Indicaron que el Ministerio Público además presentó una lista de alrededor de 12 personas que están citados como testigos, entre los que se incluye un condenado a 20 años de prisión, y al que solo identificó con el apodo de “Flow”.
Agregaron que como testigos figuran además varios oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), empleados judiciales y jueces de la Corte de Apelación.
La acusación. El procurador Domínguez Brito le atribuye a los magistrados Duvergé Mejía, Vallejo Espinosa y Mejía Lebrón, formar parte de una estructura que que operaba a lo interno del Poder Judicial, y que se dedicaba a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado.
Ahí no hay nada. El abogado de Vallejo Espinosa aseguró que la acusación del Procurador “no resiste la más mínima ponderación”, pues ahí no hay nada para condenar a ninguno de los tres jueces suspendidos sin disfrute de sueldo.
Duvergé Mejía es juez de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo; Vallejo Espinosa de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y Mejía Lebrón también de esa corte. Todos de la provincia Santo Domingo.
Los juzgadores. El juicio disciplinario en su contra está a cargo del Consejo del Poder Judicial (CPJ) que integran los magistrados Mariano Germán, quien lo preside; Dulce Rodríguez de Gori, Samuel Alseno Arias y Elías Santini.
Dos están presos. Del grupo denunciado por el procurador guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, la magistrada Awilda Reyes Beltré, y el exconsejero Francisco Arias Valera, quien según Domínguez Brito, dirigía la estructura mafiosa.
¿Y los demás, dónde están? De acuerdo al informe de investigación de acción penal pública remitido por el procurador general al presidente y demás miembros del CPJ el pasado 14 de diciembre, la estructura mafiosa que operaba a lo interno del Poder Judicial estaba conformada por “jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares”.
Sin embargo, a la fecha solo han salido a relucir los nombres de Arias Valera, quien habría sido obligado a renunciar como miembro del CPJ; Reyes Beltré, quien habría devuelto RD$350,000 que le habría dado como adelanto el primero para que dejara en libertad al regidor de Pedro Brand Erickson de los Santos Solís, imputado de sicariato, y los tres magistrados.