POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito afirmó ayer que la situación del transporte y del tránsito vehicular representa uno de los principales problemas en materia de seguridad y afirmó que las rutas y calles de nuestras ciudades se han transformado en escenarios de violencia, del caos y de la ausencia de normas.

Dijo, además, que el pueblo dominicano «está harto de impunidad y reclama justicia. Está enfermo de violencia y reclama paz y seguridad»

Ante el problema del transporte y el tránsito, Domínguez Brito planteó la necesidad de desarrollar un programa de regularización de los vehículos de transporte público, tales como identificación, incautación de los vehículos sin placa, controles sobre las licencias de los conductores, los seguros obligatorios y mayor control sobre las autopistas, entre otras medidas.

Al presentar el Plan de Política Criminal al presidente Leonel Fernández en el salón de actos de la Procuraduría General de la República dijo en consecuencia, que «resulta muy importante que el Estado actúe en ese ámbito cumpliendo y haciendo cumplir las normas vigentes, para fortalecer el imperio de la ley».

Sostuvo, además, que el tránsito constituye un ámbito donde la anomia y la impunidad se expresan de forma alarmante, pues las reglas de tránsito son violadas sistemáticamente, con la anuencia o complicidad de muchos funcionarios que tienen la función de hacerlas cumplir.

«Estas manifestaciones anónimas tienen una gran capacidad devaluativa de la ley y, en muchos casos, son antesala de transgresiones mayores», precisó Domínguez Brito.

Agregó que como estas inconductas se desarrollan en el espacio público tienen aptitud para alimentar la sensación de inseguridad de la población y la falta de confianza en las instituciones.

Manifestó que el tránsito y el transporte ofrecen asociaciones con otros delitos, tales como robos de vehículos, grupos mafiosos relacionados con el transporte público, con la corrupción en la función pública, venta ilegal de bebidas alcohólicas, tenencia ilegal de armas, peleas callejeras, entre otras.

Los planteamientos de Domínguez Brito están en el Plan de Política Criminal que fue entregado en la mañana de ayer al presidente Fernández. Al acto asistieron las principales autoridades del área judicial, policial y militar.

Domínguez Brito, dijo además, que de acuerdo a las estadísticas los daños en términos de vidas destrozadas y los perjuicios económicos, habla a las claras de la importancia criminológico del problema.

A manera de ejemplo citó el caso del año 2002 hubo 4,035 muertes en accidentes de tránsito en el territorio nacional, lo que representa la segunda causa de muerte, además de que se produjeron pérdidas estimadas en más de US$700 millones.

Indicó que también hubo 44,547 accidentes de tránsito, que produjeron 5,300 heridos leves y 2,200 heridos graves, cuyos tratamientos costaron alrededor de RD$1,000 millones.

«Estos datos hablan por sí solos y lo hacen de manera dramática. Y no es todo pues el tránsito y el transporte ofrecen asociaciones con otros delitos, tales como los robos de vehículos, grupos mafiosos relacionados con el transporte público, con la corrupción en la función pública, venta ilegal de bebidas alcohólicas, tenencia ilegal de armas, peleas callejeras, entre otras», precisó.

En las conclusiones del Plan de Política Criminal, Domínguez Brito precisa que tiene conciencia de los graves problemas sociales y económicos por los que atraviesa el país y que no ignora las dificultades del sector público.

Empero, sostiene que esto no puede ser excusa para postergar las decisiones y acciones que reclama la política criminal.

Por el contrario, sostiene, debe ser un acicate para sumir una empresa difícil y de largo alcance, para la que la sociedad dominicana reclama castigo para los corruptos, así como tranquilidad.

A juicio de Domínguez Brito la madurez de una sociedad no depende tanto de la ausencia de conflictos, sino de la calidad de sus instituciones y de las formas establecidas para prevenir y resolver tales conflictos.

«Esta propuesta expone problemas y plantea soluciones. Todos los que tengan responsabilidad en esta materia tienen la oportunidad de decidir en cual de estos lugares se ubica, es decir ser parte del problema o ser parte de la solución», precisó.

EL PLAN

El Plan de Política Criminal tiene como objetivo garantizar adecuadamente la seguridad ciudadana sobre la base del respeto a los principios democráticos.

Permitirá, conforme a lo que propone Domínguez Brito, recuperar los niveles satisfactorios de convivencia, se fortalecerá la democracia y se mejorará la calidad de vida de la población.

Las áreas prioritarias identificadas son la prevención, el control de la violencia, atención y protección a las víctimas, lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y los grandes fraudes, control de daños y de los delitos contra el medio ambiente.

AGRADECE

Domínguez Brito agradeció a las distintas secretarías de Estado, así como a las instituciones y personalidades de la sociedad civil y al equipo de consultores que prestaron su concurso, observaciones y sugerencias en el proceso de elaboración del documento.

Agradecimiento especial merecen además el Comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, y el proyecto de justicia y Gobernabilidad (DPK), auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuya cooperación dijo, fue fundamental tanto para la elaboración del documento como para su publicación.