¿Puede denominarse institucional un país como el nuestro?

¿Puede denominarse institucional un país como el nuestro?

Por la prensa nacional, tanto radial, televisiva, escrita o por los medios electrónicos, hemos llegado a conocer aspectos de nuestro país que lo dejan muy mal parado en su existencia como nación  soberana en donde se irrespetan, no sólo los derechos fundamentales, sino también se conculca la institucionalidad que constituye la piedra angular de todo Estado que se considere verdaderamente democrático. Veamos:

   La Constitución de la República establece que únicamente se puede nombrar un determinado número de viceministros y secretarios de Estado, dependiendo de la importancia y el tamaño de la cartera. No obstante, la cantidad por ministerio es injustificadamente muy superior a las necesidades conforme a un reportaje aparecido en un diario local.  Contamos con 325 viceministros, 56 ministros, un elevado número de directores, subdirectores, administradores y subadministradores y para colmo, hay nombrados más de veinte secretarios de Estado sin cartera.  En una ocasión, el doctor Maximiliano Puig, a la sazón ministro de Trabajo, declaró que su cartera tenía 30 viceministros y sin embargo le faltaban recursos para pagar a sus suplidores.

   En una entrega anterior, nosotros habíamos establecido que la misión dominicana en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) era dos veces superior a la de Rusia, país que tiene más de trescientas veces el territorio nuestro y una población casi treinta y tres veces mayor que la República.

   El periodista Juan Bolívar Díaz, en un minucioso y mejor investigado artículo aparecido en este diario, destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de  la República Dominicana tenía una nómina de 1,163 funcionarios, unos 660 diplomáticos y 503 consulares, quienes consumen casi enteramente su presupuesto de 4 mil 937 millones de pesos.  Ahora bien, ¿Se habrá cuantificado el beneficio para el comercio exterior que aporta este supernumerario y anquilosado ministerio?  En países civilizados, sus diplomáticos deben convertirse en verdaderos empresarios que promueven los bienes y servicios que producen y ofrecen.  En nuestro caso, nuestra Cancillería está saturada de clientelismo político y de hijos de encumbrados funcionarios que envían a sus hijos a estudiar al exterior con “una beca disfrazada” de secretario, consejero o hasta asesores de embajadas en países avanzados, que no sólo se burlan de ellos, sino que los consideran una pequeña epidemia o peste.

   No queremos abordar la Lotería Nacional, organismo quebrado que ni siquiera honra los premios obtenidos por los “incautos” que todavía piensan que es “la amiga del pobre y del rico” y que de verdad la fundó el padre Billini.

   El último descubrimiento ha sido el de la OMSA (Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses), la cual posee nada más y nada menos, que 260 personas por cada ómnibus en servicio.  Para que nunca falte un conductor para sus unidades, el Director ha previsto que haya ocho conductores por cada colectivo.  Con un funcionario tan eficiente y previsor ¡faltarán autobuses, pero choferes nunca!

   En la administración pública hay tanta tela por donde cortar, que el país necesitaría el doble de los sastres que actualmente existen.  Asimismo, tenemos tantas botellas, botellones, damajuanas, botellines y frasquitos, que las fábricas de refrescos más eficientes, necesitarían muchos días para llenarlas.

  Lo de los militares ya lo habíamos escrito, tenemos más oficiales superiores que clases, lo cual equivale, que un soldado raso sea más difícil de encontrar, que un mayor general por no decir general.  En una ocasión era tanta la proliferación de esta especia, que hasta un “general” fue nombrado para recolectar la basura  de Santo Domingo.

   Sólo nos queda recordar, que el artículo 128 de la Constitución vigente pone a cargo del Presidente de la República la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar y además lo señala como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  Debemos velar porque nuestras autoridades institucionalicen nuestro país para evitar los excesos que hemos señalado y que como expresan los abogados, lo anterior es sólo enunciativo y no limitativo.

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