Los puentes, que tienen una gran importancia estratégica, han sido manejados por el Estado con un criterio que deja mucho que desear.

Al puente Juan Bosch, de gran importancia para la comunicación terrestre entre la capital y la zona oriental de la provincia Santo Domingo, les fueron robadas durante el Gobierno pasado todas sus lámparas, además de los cables y transformadores de energía eléctrica. Nadie se ha ocupado de reponer lo robado y de noche este paso sobre el río Ozama es oscuro y tenebroso, tanto que esa condición ha sido aprovechada por delincuentes para cometer asaltos contra automovilistas. Nadie parece hacerle caso al hecho de que frecuentemente automovilistas indisciplinados lanzan desperdicios sobre el puente, creando el riesgo de que se obstruyan los drenajes.

Del viejo y destartalado puente Duarte no hay que decir mucho. Lo último que se hizo con esta debilitada estructura fue cargarla con cientos de toneladas de bloques de hormigón. Parecería como si alguien con la chiva bien amarrada estuviera pretendiendo hacerlo colapsar para justificar la construcción de uno nuevo en el mismo lugar.

Con los demás puentes que dan acceso a la capital pasan cosas similares. Les falta vigilancia y mantenimiento preventivo para mantenerlos en las mejores condiciones de operación y apariencia.

Parecería que las atenciones sobre los puentes las determinan las situaciones de emergencia, o el deterioro extremo, como ha pasado con el Juan Pablo Duarte.

A propósito de la situación, el ingeniero Hamlet Hermann ha formulado una propuesta que merece ser ponderada. Él sugiere la creación de un organismo autónomo oficial que se encargue exclusivamente de todo lo que tenga que ver con los puentes.

Sea como fuere, lo cierto es que hay que mejorar la atención sobre los puentes, afinar su mantenimiento preventivo y vigilarlos con el celo que merece toda estructura de carácter estratégico.

Otra vez

Se afirma que pasa de una veintena el número de personas que perecieron al zozobrar una pequeña embarcación en aguas del Atlántico, en las costas de Luperón. Nuevamente, una travesía temeraria ha traído luto y dolor a familias dominicanas.

En esta ocasión hay particularidades notables. Según testimonios de sobrevivientes, los navegantes, que viajaban en un velero que se dice había sido robado, se dirigían hacia alta mar, al encuentro de un barco que les transportaría a La Florida. Esta versión da una idea de los alcances del tráfico de indocumentados, que ya cuenta entre sus cómplices nada menos que buques cargueros.

Todavía no hay forma de entender que haya gente que se decida a pagar 40 o 50 mil pesos para desafiar la muerte, sobre todo bajo condiciones meteorológicas anormales, como las que han predominado en la costa Norte del país.

Nuevamente hay sobrevivientes que vinculan a militares en la organización de travesías tan riesgosas, pero tan lucrativas para quienes se han dedicado a vivir de la calamidad ajena.

Se necesita esclarecer este hecho, desmontar hasta la última de las responsabilidades y castigar severamente a los organizadores de estas travesías hacia la muerte.