SAN JUAN. Candidatos de cinco partidos, un récord para el territorio, compiten esta semana por convertirse en el próximo gobernador de Puerto Rico.

Los aspirantes luchan por el apoyo de votantes hartos de corrupción y que buscan alivio tras una sucesión de huracanes, terremotos y el coronavirus, que han agravado una crisis económica de una década.

Además, Puerto Rico sigue tratando de reestructurar una deuda pública de 70.000 millones de dólares, que según el gobierno de la isla es impagable.

Las elecciones llegan menos de un año después de las protestas callejeras que llevaron a la renuncia del exgobernador Ricardo Roselló.

Esas protestas comenzaron tras la filtración de un chat privado entre el mandatario y otros funcionarios que incluía comentarios homófobos, bromas sobre las víctimas del huracán María y comentarios que provocaron investigaciones por posible corrupción.

Entre los aspirantes hay cuatro candidatos no afiliados a los dos partidos que han dominado durante años la política de la isla: el Partido Nuevo Progresista, partidario de convertir al territorio estadounidense en un estado, y el Partido Popular Democrático, que se inclina por mantener la situación actual.

Los aspirantes ajenos a los partidos tradicionales son Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño; Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana; César Vázquez, de Proyecto Dignidad, y Eliezer Molina, que se presenta como independiente.

En representación de los dos partidos tradicionales están Charlie Delgado, de los Populares Democráticos, que fue durante años el alcalde de la localidad noroccidental de Isabela, y Pedro Pierluisi por los Nuevos Progresistas, que derrotó en las primarias del partido a la gobernadora interina, Wanda Vázquez.

Pierluisi representó al territorio en el Congreso estadounidense durante ocho años y sirvió brevemente como gobernador durante la crisis política del año pasado.

Mario Negrón Portillo, director retirado de la Facultad de Administraciones Públicas en la Universidad de Puerto Rico, señaló que tras la crisis del verano del año pasado, hay mucha incertidumbre sobre el nuevo escenario, y dudas sobre si las protestas traerán cambios.

Los candidatos saben que algunas personas están indignadas con la corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia del gobierno, y han prometido medidas como más escrutinio sobre los contratos.

Lúgaro, por ejemplo, dijo que limitaría los salarios de los directores de agencias y prohibiría a los parlamentarios otorgar contratos a familiares. Entre las propuestas de Dalmau está prohibir que el gobierno asigne contratos a personas con condenas por corrupción.