San Juan
La ley concebida para reestructurar la millonaria deuda de 70,000 millones de dólares y supervisar las finanzas de Puerto Rico cumplió ayer un año con un alto grado de descontento entre la población contra la entidad federal que establece la norma para el control al Ejecutivo.
El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el 30 de junio de 2016 la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que estableció una Junta de Supervisión Fiscal criticada por Gobierno local, oposición y de la que recelan los ciudadanos. Para contar en el año fiscal que este sábado comienza con un presupuesto sin déficit, esa entidad de control ha exigido al Gobierno liderado por Ricardo Rosselló recortes que afectan a todas las partidas y que golpean de lleno a los servicios que reciben los ciudadanos. Gobierno y Junta de Supervisión se encuentran enfrentados por la exigencia de la segunda de mayores recortes para el nuevo presupuesto, que, de no implementarse, amenaza con que la entidad de control imponga de forma unilateral una reducción de la jornada laboral y la eliminación de la paga navideña a los funcionarios.
El Ejecutivo de Rosselló, supeditado a la entidad de control, ha hecho amagos de llevar a los tribunales las diferencias, aunque no parece que, finalmente, el gobernador dé un paso contra una entidad que prevé la Ley Promesa, aprobada por el Congreso de EU. Rosselló pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que tiene como objetivo último la anexión de la isla a Estados Unidos, del que Puerto Rico es un estado libre asociado con una Constitución propia, lo que no hace pensar que el jefe del Ejecutivo local se atreva a desafiar una ley aprobada por el Congreso.