San Juan. – El legislativo de Puerto Rico debatía este martes una ley para declarar una moratoria en el pago de la enorme deuda de la isla, impulsada por el gobernador Alejandro García Padilla, que asegura que el objetivo es garantizar los recursos para brindar servicios a los ciudadanos.

El proyecto de ley, que permitiría al gobernador declarar una moratoria unilateral sobre la deuda pública, fue aprobada la madrugada del martes por el Senado de Puerto Rico y seguía siendo debatida en la jornada por la Cámara de Representantes, donde podría naufragar ante la resistencia de algunos miembros de la mayoría del partido de gobierno.

La legislación antepone la prestación de servicios básicos a los 3,5 millones de habitantes del estado libre asociado a Estados Unidos por encima del pago de las obligaciones por la deuda de 70.000 millones de dólares. García Padilla afirmó que la medida no busca incurrir en un nuevo impago, cuando el próximo 1 de mayo la isla deba cancelar 422 millones de dólares de las obligaciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) con los bonistas.

Pero el gobernante ha anticipado que Puerto Rico no estará en capacidad de cumplir con los acreedores y, a la vez, cumplir con las obligaciones correspondientes a salud, educación especial y los salarios de los empleados públicos, entre otras, lo que podría desembocar en una «crisis humanitaria».

En la Cámara de Representantes, algunos diputados de la mayoría oficialista del Partido Popular Democrático (PPD) se resistían a la ley, porque la moratoria aplicaría a deudas de entes estatales, como el de electricidad, que adelanta su propia negociación por 9.000 millones de dólares con sus acreedores.

La discusión en el legislativo se produce luego de que el lunes tenedores de deuda del BGF presentaron una demanda ante un tribunal federal en Puerto Rico con el objetivo de que el banco central sea intervenido, ante el temor de que caiga en la insolvencia.

La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, afirmó este martes que la institución cuenta con una liquidez de 700 millones de dólares. No obstante, ese monto es inferior a los más de 1.000 millones que debe abonar a los acreedores entre mayo y junio.

Puerto Rico ha reclamado hasta ahora sin éxito al Congreso de Estados Unidos que le autorice a reestructurar su enorme deuda, que San Juan considera impagable. Desde hace una década Puerto Rico se mantiene hundido en la recesión, lo que ha provocado un verdadero éxodo de habitantes a Estados Unidos continental, agudizando aún más los problemas económicos de la isla.