Arturo Martínez Moya 
Desde hace más de diez años, el Gobierno de Puerto Rico no genera ingresos para pagar servicios sociales e intereses de la deuda. No se llevó del viejo consejo de gastar hasta lo ingresado, no más, y mucho menos durante años. Quebrado, recientemente decidió no pagar a los tenedores de bonos, entrando a un callejón sin salida.
Debe (US$73,000 millones) demasiado, más (102% del PIB) de lo que produce en doce meses. Su economía creció mientras exoneró del pago de impuestos a los negocios norteamericanos, los cuales comenzaron a retirarse hace diez años cuando el Congreso norteamericano eliminó el paraíso fiscal. La recesión y el desempleo reducen la población que con facilidad emigra al continente.
Con el juego trancado resiste el recorte de gastos. El problema es cómo financiar la brecha. Porque a diferencia del pasado, ahora carece de acceso al mercado de bonos, donde vendió más de US$10,000 millones en los últimos años. No tiene soberanía, ningún gobierno ni organismo internacional le presta dinero, y agrava su situación el impedimento legal de la isla, en 1901 la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció que “hace parte de pero no pertenece a Estados Unidos”. Es decir, Puerto Rico no es una cosa ni la otra, no puede imitar a Detroit para que lo auxilien.
Pero como “hace parte”, el Congreso norteamericano planteó una fórmula parecida a la que rechazó Juan Isidro Jimenes en 1916, elegido Presidente de la República por el voto indirecto a finales de octubre de 1914, un sistema con parecidos al de Estados Unidos en la actualidad. Había 632 electores distribuidos a nivel nacional según población de las provincias. Los partidos políticos seleccionaban candidatos para ser votados por dominicanos de sexo masculino, ganaba el partido que recibiera la mayor cantidad de votos. Los electores elegían al Presidente de la República.
El Gobierno de Wilson, a través de nota firmada por Willian Russell, ministro estadounidense en Santo Domingo, sostenía que Jimenes había recibido apoyo después de comprometerse a nombrar el Consejero Financiero que recomendaran. Agrego, se arrepintió cuando supo el poder que tendría la oficina: depurar la deuda interna; establecer un nuevo sistema contable; eliminar impuestos que afectaban las importaciones y la recaudación aduanera; aprobar el presupuesto público antes de ser sometido al Congreso Nacional; decidir sobre el gasto y su magnitud para reducir la brecha, y evitar déficits.
Renunció cuando Wilson desembarcó tropas de la Infantería de Marina de Estados Unidos el 3 de mayo de 1916, con el conocido pretexto de proteger la Legación norteamericana. El control militar comenzó el 29 de noviembre. Pero de manera indirecta Estados Unidos controlaba nuestras finanzas públicas desde 1893, desde que Smith M. Weed y la Santo Domingo Improvement despojaron una compañía europea del control que tenían. Weed y la empresa trabajaban estrechamente con el presidente Stephen Grover Cleveland.
La fórmula para Puerto Rico, una Junta Fiscal para que maneje las finanzas y pague a bonistas, atribuciones que son del gobernador y la legislatura. Terminarán aceptándola, como sentenció el Congreso norteamericano, “hace parte de Estados Unidos”. Tardamos cuarenta y siete años (1893-1940) para recuperar la soberanía de las finanzas públicas, Puerto Rico podría tomarse más tiempo.
