SAN JUAN (AP) _ Si algo aprendieron los puertorriqueños cesados durante dos semanas por el cierre parcial del gobierno es a valorar lo que tienen, a expresar lazos de solidaridad y a no creer en los políticos.

`Aprendí que no se puede creer en el gobierno. Tenemos que ahorrar para momentos de crisis, hay que presupuestar mejor y manejar las finanzas de mejor manera», comentó el jueves Silvia Rodríguez Santos, una maestra de escuela intermedia de 37 años, de Caguas.

Rodríguez Santos explicó a la AP que sus familiares y vecinos se ofrecieron a prestarle dinero y a ayudarle en distintas gestiones. Hubo vecinos que le llevaron los niños al colegio privado.

Confesor Acosta, un guardia de seguridad de 63 años y residente en Sabana Grande, dijo que «hay que guardar un poquito de dinero y no confiar en los políticos».

Ambos son parte de los más de 100.000 trabajadores públicos cesados desde el primero de mayo, y que participaron el jueves en una marcha para reclamarle a la Legislatura que haga viable las recomendaciones de un comité mixto que logró un consenso para poner fin a la crisis.

Se espera que los trabajadores regresen a sus puestos el lunes y que reciban pago retroactivo.

Por undécimo día consecutivo, 43 dependencias gubernamentales permanecen cerradas el jueves y 15 operan de forma parcial.

Se espera que a más tardar el viernes la Asamblea Legislativa apruebe las medidas necesarias para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a desembolsar un préstamo de hasta 741 millones de dólares para atender el déficit presupuestario del gobierno.

El informe del comité mixto recomienda que el préstamo se financie con medidas legislativas que han sido aprobadas o están en vías de aprobarse. Sin embargo, no establece de cuánto debe ser el porcentaje del impuesto al consumo que se debatirá próximamente para repagar el préstamo, uno de los puntos de más controversia.

El Ejecutivo quiere un 7%, pero, al igual que el presidente del Senado, Kenneth McClintock, está dispuesto a bajar el tributo hasta un 5,9%. El presidente de la Cámara, José Aponte, insiste en un 5,5%.

Las recomendaciones de la comisión mixta establecen que un 1% de los recaudos del impuesto se destinará para el pago del empréstito y de la deuda extraconstitucional del gobierno que asciende a 6.480 millones dólares.

Esa deuda es la que se paga con líneas de crédito, no con el dinero del fondo general del país.

El organismo recalcó en su informe que «es necesario reducir el tamaño del gobierno y los gastos para hacerlo más eficiente, más efectivo y menos costoso para el contribuyente que asume la responsabilidad por el pago de impuestos para financiar el costo operacional del Estado».

El gobernador y los líderes legislativos se comprometieron, además, a aprobar «a la mayor celeridad y de forma simultánea y en diálogo la reforma fiscal y la reforma contributiva».

El acuerdo llega luego de que, a causa de la crisis fiscal y el impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo, la agencia calificadora Moody’s Investors degradó el lunes todos los bonos de Puerto Rico, algunos de ellos al nivel «chatarra», que significa que son inversiones especulativas.