Puerto Rico pone en marcha ley para enfrentar deuda

Puerto Rico pone en marcha ley para enfrentar deuda

San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, promulgó el domingo una ley que le permitirá hacer pagos parciales y negociar de forma voluntaria la millonaria deuda que mantiene a la isla sumida en una profunda crisis. “Con esta ley le demostramos al mundo entero que Puerto Rico nuevamente tiene credibilidad”, consideró el gobernante en un documento.

La denominada Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, enviada esta semana al Congreso, fue ratificada la noche del sábado por el Senado luego de que una noche antes la había aprobado la Cámara de Representantes.

En ambos órganos tiene mayoría del partido gobernante. La ley permite al gobierno realizar pagos parciales de la deuda a los acreedores con base en la disponibilidad de liquidez después de financiar los servicios básicos, como salud y educación.

La legislación también extiende el plazo hasta el primero de mayo para declarar estado de emergencia y la moratoria contra posibles demandas por parte de los tenedores de bonos. Rosselló explicó que la pieza legislativa permite “cumplir con aquellos que han invertido en la isla, pero también dejando claro que nuestra prioridad es el pago de los servicios esenciales”.

La legislación fue aprobada de forma paralela a la extensión por parte de la junta federal de supervisión del plazo que tenía el gobierno para presentar su plan de reajuste fiscal para hacer frente de la deuda pública de 70.000 millones de dólares.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada en 2016 por el Congreso estadounidense, aprobó el sábado la solicitud de Rosselló de aplazar al 28 de febrero el plan fiscal, que de forma original tenía que estar listo el 15 de enero.

Rosselló asumió la gubernatura el 2 de enero pasado y heredó una deuda fiscal millonaria que mantiene en recesión a Puerto Rico desde hace una década. La Junta ha solicitado un plan para ahorrar unos 4.500 millones de dólares anuales hasta 2019 a través de la reducción de gastos del gobierno y la disminución en la inversión en salud y educación superior.