San Juan.- Puerto Rico se enfrenta a partir de hoy a las consecuencias de un impago de deuda de 37,3 millones de dólares en medio de una crisis de liquidez mientras espera que el Congreso estadounidense tome iniciativa para ayudar a la isla.

El Gobierno de Puerto Rico, territorio estadounidense definido como Estado Libre Asociado al país norteamericano, no saldó el vencimiento de los 37,3 millones de dólares de dos corporaciones públicas, lo que se esperaba tras el anuncio de la pasada semana, cuya confirmación abre una incógnita sobre un futuro incierto.

El jefe del Ejecutivo local, Alejandro García Padilla, anunció el pasado 30 de diciembre el impago como una medida necesaria para afrontar la prestación de los servicios básicos a la población, ya que como dijo simplemente no hay efectivo para saldar los vencimientos de deuda y a la vez pagar nóminas y gastos operativos del Gobierno.

El lunes por la noche cumplía el plazo de pago y el Ejecutivo, como se esperaba, no cumplió con sus acreedores, un paso que de momento tiene dos consecuencias previsibles para los analistas, que incluyen las consiguientes demandas judiciales y el hundimiento, todavía más profundo, de la calificación de la deuda por las agencias financieras.

El Gobierno de Puerto Rico, según los análisis de la prensa local, no ha incurrido en ese impago concreto al azar, sino que escogió de forma deliberada dos vencimientos de bonos con pocas garantías para los tenedores de esa deuda de recuperar sus inversiones en el caso de litigio legal. San Juan sí dejó claro que pagará los 329 millones de dólares que cumplen a principios de este mes de obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizadas por la Constitución local.

El no haber pagado deuda respaldada por la Constitución de Puerto Rico significaba exponerse a una infracción legal en la que el Ejecutivo de García Padilla ha repetido en varias ocasiones que no incurrirá, tanto por su significado como por la mayor facilidad de los acreedores para iniciar pleitos legales que perjudiquen todavía más a un Gobierno al límite.

La coincidencia del impago con festivos navideños ha provocado que el asunto quedara en un plano de menor relieve del esperado, aunque en los próximos días se espera conocer con más detalle qué significará un impago que la agencia Standard & Poor’s (S&P) catalogó de relativamente pequeño.

El Gobierno anunció el pasado día 30 que, en total, a principios de mes se pagarían más de 700 millones de dólares en vencimientos de deuda.

El Estado Libre Asociado incumplió con el de hoy por segunda vez en un impago después de que a principios de agosto de 2015 no saldara 94 millones de dólares a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés).

El no cumplir con el vencimiento del PFC fue considerado el primer impago de deuda de la historia de la isla caribeña, cuyas consecuencias no se conocen con exactitud a falta de información oficial más allá de algunos comentarios de la prensa local que apunta a que Gobierno y acreedores negocian todavía un acuerdo.

El Gobierno ha reconocido que espera las consiguientes demandas judiciales, pero a su vez dice estar preparado para hacer frente a unos acreedores que en ocasiones han buscado presentarse en las manos de “fondos buitres”, que tratan de recuperar sus inversiones a cualquier precio.

El impago confirmado hoy es solamente el inicio de un tortuoso proceso que seguirá durante los próximos meses y años hasta que se salde una deuda de cerca de 72.000 millones de dólares que el Gobierno de San Juan ha repetido es impagable.

En el horizonte se vislumbran en el próximo mes de julio vencimientos por cerca de 800 millones de dólares que habrá que afrontar en medio de una crisis económica que dura ocho años y con la recaudación de impuestos a la baja.

El Gobierno repite que si hay que elegir entre pagar la deuda o prestar servicios a sus ciudadanos la elección son los puertorriqueños primero

. La próxima semana se celebran en Washington varias vistas en el Congreso estadounidense sobre la deuda de Puerto Rico, que el Gobierno de la isla espera sirvan para allanar el camino a que se permita al Estado Libre Asociado acogerse a una ley federal que permitiría una reestructuración ordenada de la deuda.

La mayoría republicana en el Congreso estadounidense bloquea cualquier reestructuración y favorece que la deuda se pague íntegra, aunque ofrece que Washington controle las finanzas de la isla a cambio de ayuda financiera, posibilidad rechazada de plano por la clase política de la isla por entender que la medida atenta contra la autonomía política local.