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SAN JUAN (AP). Los más de 100.000 empleados públicos cesados a causa de la crisis fiscal en Puerto Rico regresarán el lunes a sus puestos y recibirán una paga retroactiva por los días no trabajados desde el 1 de mayo. Ese fue uno de los acuerdos alcanzados el miércoles por la noche para superar el impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo que mantiene cerradas 43 dependencias gubernamentales y 15 operando de forma parcial.
El problema se solucionó luego de que las partes acogieran las recomendaciones de una comisión mixta creada el lunes para resolver la profunda crisis fiscal del gobierno.
El gobernador Aníbal Acevedo Vilá se reunió ayer, jueves, con los presidentes de las cámaras legislativas en la sede del Arzobispado de San Juan para trabajar sobre las recomendaciones de la comisión y de inmediato anunciaron que el éxito de esos acuerdos dependerá de que se llegue a un consenso sobre la reforma contributiva y fiscal.
El senador Pedro Rosselló, que ha sido catalogado por le gobernador como «la ficha del tranque durante la crisis, acogió el jueves las propuestas presentadas por la comisión, aunque destacó que el préstamo del Banco Gubernamental de Fomento no debe usarse en el futuro para pagar la deuda del gobierno. Debe ser algo «transitorio, planteó.
A pesar del acuerdo, varias organizaciones sindicales realizaron una nutrida protesta que llegó hasta el Capitolio para obligar a la Legislatura a acelerar los trámites que permitirían regresar a sus puestos a más de 90.000 empleados estatales y 10.000 municipales.
La Cámara de Representantes sesionó el jueves por la tarde para aprobar una medida que reduciría a 5% la tasa de penalidad por cancelar antes de término las cuentas de retiro individual (IRA, en inglés).
El proyecto no incluiría la alusión al 1% del impuesto sobre las ventas del que se nutriría el Fondo de Interés Apremiante creado para liquidar la deuda gubernamental autorizado por los acuerdos del miércoles de 741 millones de dólares.
La medida para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a desembolsar un préstamo de hasta 741 millones de dólares _ indispensable para pagar la nómina de los empleados públicos hasta el 30 de junio_ se consideraría el viernes.
«No hay ninguna razón para que lo que está plasmado en el informe no quede debidamente legislado entre jueves y viernes, destacó Acevedo Vilá.
El informe recomienda que el préstamo se financie con medidas legislativas que han sido aprobadas o están en vías de aprobarse. Sin embargo, no establece de cuánto debe ser el porcentaje del impuesto al consumo que se debatirá próximamente para repagar el préstamo, uno de los puntos de más controversia.
El Ejecutivo quiere un 7%, pero, al igual que McClintock, está dispuesto a bajar el tributo hasta un 5,9%. Aponte, en tanto, insiste en un 5,5%.
Las recomendaciones de la comisión mixta sí establecen que un 1% de los recaudos del impuesto se destinará para el pago del empréstito y de la deuda extraconstitucional del gobierno que asciende a 6.480 millones dólares. La deuda extraconstitucional es la que se paga con líneas de crédito, no con el dinero del fondo general del país.
El organismo recalcó en su informe que «es necesario reducir el tamaño del gobierno y los gastos para hacerlo más eficiente, más efectivo y menos costoso para el contribuyente que asume la responsabilidad por el pago de impuestos para financiar el costo operacional del Estado.
El gobernador y los líderes legislativos se comprometieron, además, a aprobar «a la mayor celeridad y de forma simultánea y en diálogo la reforma fiscal y la reforma contributiva.
Los acuerdos se afinarían el jueves durante un almuerzo del trío con el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves.
«Hemos acordado que, por lo menos, hasta que termine la sesión (legislativa) nos vamos a reunir los tres, una vez por semana, añadió el mandatario.
Por undécimo día consecutivo, el gobierno amaneció el jueves con 43 agencias cerradas. Quince dependencias funcionan parcialmente y sólo 60 funcionan normalmente.
El acuerdo llega luego de que, a causa de la crisis fiscal y el impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo, la agencia calificadora Moodys Investors degradó el lunes todos los bonos de Puerto Rico, algunos de ellos al nivel «chatarra, que significa que son inversiones especulativas.
