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QUITO (AFP).- Tras la crisis política y jurídica que derivó en la caída del ex presidente Lucio Gutiérrez en 2005, Ecuador enfrenta un nuevo desequilibrio que amenaza su institucionalidad por la pugna de poderes que desató la Constituyente que promueve el gobierno socialista.
La situación llegó al punto de que el estado de derecho ha desaparecido en el país (con ocho presidentes en la última década, tres de ellos destituidos en medio de revueltas sociales), según analistas consultados por la AFP.
«No hay estado de derecho, en gran medida hay un estado de hecho», expresó el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
«Estamos viviendo una crisis democrática. Se demuestra que las instituciones no pueden procesar adecuadamente los conflictos que han surgido», dijo a su vez José Valencia, director de la ONG Participación Ciudadana. El plan del presidente Rafael Correa, posesionado el 15 de enero, de que una Constituyente transforme el marco institucional del Estado y redacte una nueva Carta Política desató una lucha con el Congreso opositor, que teme ser disuelto por la Asamblea.
La coalición legislativa de derecha decidió «sustituir» al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, por convocar el plebiscito sobre la Constituyente para el 15 de abril sin que el estatuto del gobierno, que contempla plenas facultades, hubiera sido aprobado por el Parlamento.
Eso generó que el TSE cesara del cargo a 57 legisladores que se oponen a la Constituyente, argumentando que estaban obstruyendo el proceso electoral, lo cual apoyó el gobierno de Correa.
«La disputa política ha rebasado los cauces del estado de derecho», opinó un constitucionalista que pidió no ser identificado, indicando que el Congreso y el TSE han actuado de manera ilegal, poniendo en riesgo la institucionalidad.
Estimó que «se está configurando una situación que puede precipitar acontecimientos delicados» y que en Ecuador «hay síntomas de autoritarismo».
Mientras, Valencia declaró que el actual caos político es un reflejo de la «inseguridad jurídica» de Ecuador.
Pachano consideró como «muy crítica, compleja y difícil de manejar» la situación interna y como salida planteó que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de los actos del Legislativo y del TSE.
«La situación puede derivar en cualquier cosa, aunque no necesariamente en una dictadura. Con esto se afianzó el gobierno de Correa, que fue el que empezó a cometer faltas constitucionales al desconocer al Congreso para sacar adelante su plan de nueva Carta Política», añadió.
El constitucionalista que guardó el anonimato coincidió en que «esto beneficia el propósito del gobierno de controlar la Constituyente» y anotó que «es un modelo parecido al de Venezuela, de llegar de cualquier manera a una nueva Constitución y a la reorganización institucional».
Empero, la fuente advirtió que «las consecuencias son impredecibles» y apuntó que Correa -amigo y aliado del mandatario venezolano Hugo Chávez- «seguramente va a seguir pateando el tablero político».
