El primer año de gestión de Roberto Rosario al frente de la Junta Central Electoral (JCE) termina con una crisis interna generada en torno al Centro de Cómputos, y el  cuestionamiento de importantes sectores de la sociedad que reclaman la renuncia o destitución de  Franklin Frías, como garantía  para  la transparencia del próximo proceso electoral.

Durante el  2011, la JCE  además ha estado enfrentada a  sectores políticos y de la sociedad civil, como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  Participacion Ciudadana, la Asociación de Hoteleros, y organizaciones  de  derechos humanos que acusan a Rosario de desatar una persecución contra los descendientes de haitianos residentes en el país.

Una meta trunca. El otrora presidente de la Camara Administrativa de la JCE fue escogido  por el  Senado el 6 de octubre  del 2010 para presidir el organismo electoral, junto con José Ángel Aquino, Eddy Olivares, César Francisco Feliz y Feliz y Rosario Graciano de los Santos,  miembros titulares.

Como meta principal para este año que concluye, Rosario se planteó convertir a la JCE en una institución de servicios “y elevar su imagen institucional”, y si bien le ha cambiado la “cara” al organismo  y   ha avanzado en la mejora de los servicios que ofrece a la ciudadanía, lo mismo no ha ocurrido en lo institucional.

Durante las discusiones en torno al Centro de Cómputos,  Participación Ciudadana ha acusado a Rosario de querer “manejar la JCE como si fuera una institución privada”,   y Eddy Olivares, miembro titular del órgano electoral, de “atentar” contra su institucionalidad.

Buen comienzo. Un mes despues de haber sido   posesionado  en el cargo, Roberto  Rosario reactivó el proyecto de captura de datos biométricos; en diciembre anunció el cambio de imagen de  la Junta Central Electoral, y  comenzó a ejecutar  un “plan de austeridad” que incluiría la reducción del personal  del organismo que para entonces eran  6,000 empleados a nivel nacional.

En enero del 2011 Rosario firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para  la elaboración del anteproyecto de reforma a la Ley Electoral 275-97, y en febrero consultó con los partidos políticos  para un proyecto de Ley de Partidos que él mismo redactó. Ambos proyectos fueron sometidos al Congreso Nacional.

En  marzo,  la JCE otorgó a la publicitaria Arístides Figuera y Asociados un contrato por la suma de RD$5.9 millones para el cambio de imagen de la institución, basada en la prestación de servicios.

Redes mafiosas.  Durante el período abril-octubre del 2011, la jCE  se mantuvo en la palestra pública con  dos temas: el de las redes mafiosas detectadas en  oficialias del Estado civil y centros de servicios en todo el país, dedicadas a vender identidades de ciudadanos a peloteros de grandes ligas, narcotraficantes, sicarios y otros delincuentes;  y la denuncia  de que fue objeto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,  por  su negativa  a entregarle sus actas de nacimiento a ciudadanos de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana.

La tapa al pomo. En medio de esa “turbulencia” estaba la JCE cuando el 26 de septiembre se produjo la renuncia del administrador general del Centro de Cómputos, Miguel Ángel García,   por las supuestas pretensiones de Rosario de “fomentar en la práctica  un administrador general de informática paralelo”.

Ese  “impasse” degeneró en una crisis a lo interno de la JCE  después que varios candidatos presidenciales, incluido Hipólito Mejía, del PRD,  así como  sectores empresariales y otros reclamaran  la salida de  Frías del Centro de Cómputos,  y la JCE no obtemperara.

Ante la incapacidad de la JCE para resolver la problemática que enfrentó al  PRD y al Partido de la Liberacion Dominicana (PLD), se procuró la mediación entre ellos de monseñor Agripino Núnez Collado, y todavía se está a la espera de una solución a la crisis que lleva en debate público tres meses. 

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Objetivo cambio

Con el cambio de imagen, fundamentalmente en su logo que ahora es color marrón y amarillo con la simetría de una huella digital, la JCE procura adecuarse a los servicios que más ofrece, y que tienen que ver con la identidad de los dominicanos. “Una institución que cada cuatro años organice procesos electorales, pero que a diario ofrece servicios públicos, necesita que su imagen esté en correspondencia con su esencia”.

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Logros

El fuerte de la administración de Rosario son los registros Civil y Electoral, sin embargo, la falta de recursos lo ha constreñido en esas áreas. 

  Para dar continuidad al programa de construcción y refracción de edificaciones para alojar oficialias y centros de servicios que ejecuta en todo el país,  el Pleno de la JCE se vio precisado a aprobar  recientemente   un “reenganche” de un préstamo de RD$77 millones tomado al Plan de Retiro de la institución.

Prestación de servicios

De acuerdo con informaciones suministradas por Rosario, al 28 de noviembre la JCE había logrado expedir un total de 51,714 actas de nacimiento tardías, e incrementar en 228,497 (5.82%) la captura de datos biométricos a los ciudadanos.

Los servicios brindados en las oficialias, centros de servicios y de cedulación; certificaciones de cédulas, y de Consultoría Jurídica durante el 2011 totalizaron      4,644,661; los actos escaneados, 21,139,231, y las declaraciones por tipo de libro ascendieron a 220,894.

La corbertura de oficialías automatizadas con respecto al padrón electoral es de  98.31%.

Proceso electoral

Pese a todos los contratiempos, a la fecha la JCE está al día con todo lo que tiene que ver con el proceso para las elecciones del 20 de mayo del 2012. Del calendario de actividades administrativas  sólo están pendientes las actividades sujetas a plazos legales, entre ellas, la proclama electoral,  prueba de transmisión de datos en el exterior, y aprobación diseño de boletas.