El doctor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, consideró que el Reglamento de Regularización de Extranjeros busca una salida a la negación de derechos de muchas personas que produjo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

El sociólogo y político aclaró que lo verdaderamente inconstitucional es este fallo que restringe los derechos fundamentales a decenas de miles de personas. Puig señaló que si fuese por los sectores más conservadores del país no se les reconocería sus derechos a todas estas personas, en un claro atentado contra los derechos humanos.

Dijo que las objeciones de estos sectores políticos a la propuesta original de reglamento presentada para consulta por el Poder Ejecutivo ha estado encaminada “a subir la vara”, para crear la mayor cantidad de dificultades posibles en el proceso de reconocimiento de derechos. El máximo dirigente de la APD criticó que en la versión finalmente aprobada por decreto se encarecen los gastos del proceso para personas que son de por sí sumamente pobres.

Puig precisó que con la Ley 169-14 y con el reglamento para su aplicación lo que está tratando de hacer el Gobierno es “pegar los pedazos del plato que el Tribunal Constitucional rompió con su sentencia 168-13”.