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POR ODALIS MEJIA
El secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, deploró la sentencia del Tribunal de San Francisco de Macorís que descargó a los acusados de introducir al país el rockash y consideró que sentencias como esta son las que hacen que la sociedad dominicana pierda la fe en la Justicia.
Puig dijo que confía en que el Ministerio Público apele la decisión del Tribunal colegiado para que el caso sea ventilado en una instancia superior.
A través de una nota de prensa Medio Ambiente afirmó que el Tribunal colegiado, integrado por las magistradas Saturnina Rojas Hiciano, Wendy Valdez e Indira Paulino no tomó en cuenta las violaciones de los acusados a más de 30 artículos de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Ley 218-84 sobre vertidos de desechos y a la Convención de Basilea de 1989, que prohíben la introducción de este tipo de materiales al país sin previo estudio de impacto ambiental.
Entre estos artículos de la Ley 64-00 citó el 153, que prohíbe verter basuras o desperdicios de cualquier índole sobre las costas, cayos o playas; el 171 que establece que cualquier funcionario que por acción u omisión causen daños al equilibrio del ecosistema será solidariamente responsable a quien lo haya ejecutado; y el número ocho que establece el principio de precaución por la condición de alta fragilidad de la Bahía de Samaná.
También señalan la Ley 218-84 prohíbe la entrada de desechos industriales, excrementos, basura, cieno o lodo cloacal al territorio dominicano.
René Ledesma, ex subsecretario de Medio Ambiente, fue acusado de autorizar la entrada al país de unas 50,000 toneladas de rockash por el puerto de Arroyo Barril, Samaná, y de violar los permisos establecidos para entrar el material, de acuerdo con Nelson Pimentel, abogado de la parte civil.
Pimentel consideró que con la autorización se amenazó la seguridad nacional consagrada en el artículo 3 de la Constitución de la República, e ignoró la Ley 147 sobre bienes de dominio público marítimo y terrestre.
El pasado miércoles durante la presentación de conclusiones, el Ministerio Público había pedido para René Ledesma, ex subsecretario de Medio Ambiente, tres años de prisión, una multa de 10 mil salarios mínimos vigentes en el sector público y el pago de una indemnización económica equivalente a RD$100 millones de pesos para reparar, en la medida posible, la zona de Arroyo Barril, Samaná, donde fueron depositadas las cenizas.
Para Arsenio Borges, ex director de Autoridad Portuaria, el Ministerio Público pidió un año de prisión, multa de cinco mil salarios mínimos vigentes en el sector público y el pago de indemnización equivalente a RD$25 millones para reparar el área afectada.
Solicitaron además que se condenara a los acusados a asumir el costo del traslado del rockash, posición que había sido manifestada previamente por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, quien entiende que no debe ser el pueblo dominicano el que asuma los costos que genera el traslado del rockash.
El juicio fue trasladado a San Francisco de Macorís, a petición de la barra de la defensa, que alegó falta de seguridad para los imputados en la jurisdicción de Samaná.
El rockash fue depositado en los muelles de Arroyo Barril, Samaná, y Manzanillo, Montecristi, entre 2003 y 2004.
