Aunque conocido que por tradición la judicatura es un coto del gobernante de turno, que secuestra todos los poderes, como los Tres Mosqueteros “todos a uno y no a ninguno”, en nuestro desventurado país resulta además una chacota a la tesis de Carlos de Secondat, Barón de Montesquieu, en relación a la conveniencia de la separación de los poderes, para así disipar lo más posible el roncar del egoísmo en los gobernantes.

El primero en desvirtuar el discurrir soberano de la judicatura fue al estulto mayoral de El Prado, “general” Pedro Santana, imponiendo en un anodino caserón de San Cristóbal el artículo 210 que le confería potestades de horca y cuchillo a una nacionalidad bebé.

Conforme a como es sabido que los malos ejemplos superan en función simiesca a los buenos, la práctica prosiguió su agitado curso, sobre todo en una sociedad plagada de anomia como la dominicana, donde los sátrapas han conducido por mayor tiempo el destino nacional, Santana nueve años, Buenaventura Báez Méndez 15 años (cinco veces), Ulises Heureaux 13, Ramón Cáceres cinco años, Rafael Leonidas Trujillo 31 y Joaquín Balaguer, 22 años.

Es decir, que los “providenciales” han conducido el destino nacional por 66 años de 171 convulsos en que ha discurrido RD, y brevísimos como proyectos de nación.

El introito, para explicar la reacción del presidente de la SCJ, doctor Mariano Germán, censurando el proceder del Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, de apelar el No ha lugar del magistrado Alejandro Moscoso Segarra a favor del senador (PLD-SJM), acusado de un sartal, y no de ajos, de prevaricaciones, que el doctor Mejía debió respaldar, pero su condición de leonelista le vetó, frente al reeleccionista representante del Ministerio Público, un clásico pulseo del folklore electoral.