Concluyó anoche sin consenso la IV Fase del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico con la celebración de la asamblea preplenaria extraordinaria. Los temas que se trataron fueron “la veeduría, ¿qué hacer?, y el modelo de negocio a seguir con la planta Punta Catalina”. Hubo un amplio debate sobre si privatizarla o no y la necesidad de comprobar si hubo sobrevaluación.
El sector social planteó que el 49% de las acciones de la generadora sea vendida al sector privado, entre estos a cooperativas eléctricas, fondos de pensiones y los sindicatos, si se decide vender; pero favoreció que el Estado controle esa planta por lo menos 10 años.
El Gobierno propuso que se termine la construcción y que siga bajo el control total del Estado, por lo delicado que sería poner en manos privadas un sector tan estratégico como es el servicio de energía, explicó Radhamés del Carmen, administrador general de EdeSur.
Los representantes del sector empresarial propusieron no poner límites a la venta de las acciones de la planta Punta Catalina, que se construye en la provincia Peravia.
La próxima reunión será el 17 de este mes, bajo la coordinación del Consejo Social y Económico (CES), que representan monseñor Agripino Núñez Collado e Yraima Capriles.
En el diálogo del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, que se inició en el 2015, participan representantes del Gobierno y de los sectores empresarial y social.
También hubo un impasse por la veeduría, ya que los sectores empresarial y social rechazan la participación del Gobierno y de políticos en el grupo de veedores que vigilará la gestión de la planta.
El reverendo Fidel Lorenzo teme que determinados sectores aprovechen la debilidad financiera del Gobierno para presionar la compra de Punta Catalina a precios de “vacas muertas” y que el Pacto Eléctrico se firme y los precios de tarifa eléctrica sigan altos y sin una generación limpia.