Punta Catalina: Ramón Alburquerque tilda de mentiroso al Gobierno

Punta Catalina: Ramón Alburquerque tilda de mentiroso al Gobierno

Ramón Alburquerque advierte de las intenciones reales con la convención de delegados.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, señaló hoy que el Gobierno miente en intentos de privatizar la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

«!El Fideicomitente Adherente del acápite 2.17 del Contrato de FDC de CTPC autoriza a privatizar!. Miente el Gobierno al decir que no intenta privatizar, aquí autoriza a terceros a ser accionistas de las plantas. ¿Acaso NO es privatizar o que es?», colgó Alburquerque en su cuenta de Twitter.

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En otro tuit, el también ingeniero químico describe el método como Punta Catalina pasaría a manos del sector privado como «fideicomitente adherente«.

«El acápite 2.17 define al FIDEICOMITENTE ADHERENTE como quien sin ser fideicomitente original en el futuro invierte bienes o derechos en el patrimonio de la CTPC mediante auto auténtico o firma privada y como no se divulga en unos años la planta aparecerá siendo privada», indicó Ramón Alburquerque.

Reacción PLD

Tras la aprobación del contrato de fideicomiso de Punta Catalina en la Cámara de Diputados, han surgido diversas reacciones que señalan se busca privatizar la central termoeléctrica.

Entre las declaraciones más recientes está la del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, quien criticó comité técnico lo integren empresarios.

Una nota señala que el PLD solicitó al presidente de la República retirar del Congreso Nacional el contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Lo consideran lesivo al interés nacional.

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De igual modo, el PLD exige al Gobierno explicar claramente a la sociedad las razones para transferir Punta Catalina a un fideicomiso.

Además de explicar cómo eso mejora la gestión y eficiencia de dicha planta generadora. Toda vez que la gestión del PRM ha reconocido y hecho suyas las informaciones técnicas y administrativas que habían recibido del Gobierno anterior sobre la operación de la generadora eléctrica

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