Hasta hace pocos meses Punta Catalina era desconocida por la gran mayoría de la población, aun después de ser elegida para la construcción de la termoeléctrica pocos sabían dónde estaba. Eso desde luego ha cambiado totalmente y ahora cada persona tiene una opinión sobre si la Odebrecht debe continuarla o no.
El mayúsculo escándalo de la constructora brasileña ha conmovido un buen número de países latinoamericanos cuya clase política sucumbió a la tentación de hacerse de dinero en muy poco tiempo. La magnitud y generalidad de los sobornos es tal que en retrospectiva no deja dudas que iba a terminar mal, pues desalojó a todos los competidores, disparando de seguro, las alarmas en países del primer mundo, especialmente en los Estados Unidos de América que finalmente condenó la empresa y la obligó a confesar sus actuaciones.
Lava Jato “la forma como se financiaba el gobierno brasileño” según oí decir al actual presidente del Perú en una entrevista, dio al traste con Dilma Roussef y colgó al expresidente Lula de un hilo, mientras otros personajes ya guardan años de prisión.
La República Dominicana no ha sido la excepción, aquí también se quedó como “madre y señora nuestra”, ya que se ocupaba de conseguir el financiamiento, hacer los diseños con lo que eliminaba a las consultoras que hubieran podido ser referencia para el coste de la obra, y por supuesto, de la construcción. La agilidad que mostró en producir desde la idea hasta el producto final en breve tiempo, dos a cuatro años, la hicieron favorita de los gobiernos, amén del empuje que ofrecían los confesados sobornos. Mientras que en un organismo de financiamiento internacional proyectos de magnitud: autopistas, presas, etc., hay que pasar por: solicitud que incluye varios viajes, concurso de anteproyecto o proyecto de factibilidad, concurso para el proyecto, concurso para la construcción, en total unos diez o más años.
La termoeléctrica de Punta Catalina y sus obras conexas fue concursada, los resultados de la comisión de evaluación no resultaron unánimes, dos personas de gran calidad moral y técnica rehusaron firmar. Ellos no han difundido las razones por las cuales se abstuvieron y están en su derecho, no obstante, pienso que sus compañeros de evaluación probablemente las sepan, esto pudo haber levantado una bandera roja antes de la adjudicación definitiva.
Un esquema muy socorrido para “ganar” concursos es: cotizar muy bajo y reclamar aumentos durante la construcción que elevan el monto total muy por encima de sus competidores. Habiendo sido sobornados los dueños del proyecto queda poca duda de que aprobarán las reclamaciones. En el caso de Punta Catalina, sin embargo, este no es el caso, ya que se aduce que otra(s) empresa(s) cotizaron menos de la mitad del monto de Odebrecht. ¿Qué pasó ahí? ¿Era posible construirla por la mitad de precio? Aparentemente se decidió que no, sin probablemente tener como soporte análisis de costes y presupuesto realizado por una experta consultora internacional independiente.
Ante la condena de Odebrecht en una corte estadounidense donde aceptó haber sobornado autoridades en varios países latinoamericanos, incluyendo el nuestro país, la sospecha de que en Punta Catalina también pudo haber manejos non sancto era previsible. El meollo del asunto sigue siendo si el monto contratado es justo o no. En esta confusa situación se ha levantado una polémica con relación a si el Gobierno dominicano debe rescindir el contrato de Odebrecht y prohibir que termine la termoeléctrica.

Hasta donde tengo entendido, las obras que ha realizado esa empresa no acusan vicios de construcción o no se han denunciado, sus pecados son el soborno y al parecer los altos montos alcanzados con las reclamaciones. Los pecados que pudo haber cometido en Punta Catalina, si los hubo, ya están consumados; sería muy temerario de parte de ella solicitar aumentos de precios y suicida por el lado de los funcionarios aprobarlos en medio del escándalo. En consecuencia, es lógico aceptar que la termoeléctrica sea completada por esa empresa. La rescisión o resiliación unilateral sin mediar negociación, pruebas contundentes o fallo jurídico, produciría considerables retrasos y hasta posibles demandas internacionales.

Es preferible andar con pies de plomo y esperar que la comisión de notables rinda su informe y que asimismo la Procuraduría General de la República también lo haga, ambos están trabajando sobre el tema y gozan del apoyo del presidente Medina. La precipitación y la política son malas consejeras en casos internacionales complejos, los dominicanos tenemos un amargo sabor con situaciones pasadas.