Ayuda a Haití (I)

Por décadas, los países desarrollados supuestamente han tenido preocupación por la pobreza en Haití, pero en la realidad no han aportado los recursos económicos suficientes para combatir ese flagelo, y cuyas decisiones han estado centradas en que es la República Dominicana que debe soportar esa carga.

Si las iniciativas de esas naciones fueran objetivas y estuvieran dirigidas a crear incentivos a sus empresas industriales y de servicios para que se instalen en Haití, hoy República Dominicana no tendría el problema de un éxodo desmedido de haitianos.

Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea y de la Comunidad del Caribe (Caricom) si en verdad están interesados en ayudar a Haití a combatir la pobreza, deben dictar leyes que exoneren del pago de impuestos a sus empresas que se instalen en el vecino país. Ese incentivo debe cubrir los beneficios obtenidos por las compañías como a las personas físicas.

Con la instalación de grandes corporaciones se crearían fuentes de empleo, riqueza y se lograría la generación de divisas para cubrir sus necesidades internas y externas, entonces se estaría combatiendo la pobreza con realidades. De ahí vendrían los institutos de formación, universidades y centros médicos, así como una transformación de la infraestructura vial.

Haití cerró el 2013 con una población de 10.32 millones de habitantes en una superficie de 27,750 kilómetros cuadrados, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de US$819.90. La esperanza de vida es de 62.70 años.

El 80% de su población vive bajo el umbral de pobreza y dos tercios de ella es dependiente de un sector de la agricultura y pesca, tradicionalmente organizado en pequeñas explotaciones de subsistencia.

La sobreexplotación y la erosión del terreno son consecuencia de una intensiva y descontrolada deforestación a que ha sido sometido ese país.