Si observamos el contenido del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (RD-Cafta) llegamos a la conclusión de que no fue bien negociado para los productores agropecuarios dominicanos, lo que plantea hoy un gran dilema para el sector y un enorme reto para las autoridades del Ministerio de Agricultura lograr renegociar el convenio.
La percepción se centró en que el RD-Cafta sería el instrumento comercial cuyos resultados mixtos serían positivos para el desarrollo de los países latinoamericanos signatarios. A pesar de algunos beneficios, todavía en República Dominicana no ha impactado como se esperaba.
Hoy los productores agropecuarios creen que el país está a tiempo de detener el desastre que para ellos significaría la liberalización arancelaria total que llegará en los próximos años, en el marco del acuerdo DR-Cafta, y que afectaría a bienes sensibles como las carnes bovina y porcina, el queso cheddar, la cebolla, el arroz y las habichuelas.
El nerviosismo se ha apoderado de los productores agropecuarios debido a que en el 2020 se inicia el desmonte del sistema arancelario y no se han preparado para hacerle frente a la competencia específicamente de los Estados Unidos.
Recordamos que el actual ministro de Agricultura, Osmar Benítez, entonces director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, advirtió que los pequeños productores no podrán sobrevivir al impacto del Tratado de Libre Comercio si no se asociaban en cooperativas y otras entidades para poder competir con sus pares de las naciones que suscribieron el convenio. Sin embargo, rechazó en ese momento que el sector vaya a quedar desprotegido, aclarando, que estará protegido desde el 2020 hasta el 2036, exponiendo que algunos medios de prensa emiten informaciones distorsionadas.
El acuerdo fue iniciado por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2002 como otro intento de avanzar en las negociaciones para crear el Área de Libre Comercio de Las Américas después de varias discusiones, se firmó en mayo de 2004 y entró en vigencia en marzo del 2006.