La renegociación de la deuda externa es un aspecto importante que las autoridades deben presentar a los organismos multilaterales, gobiernos amigos, banca privada internacional y a los agentes de los capitales buitres, a fin de lograr reducirla y alcanzar un respiro en el pago del servicio a esos acreedores o de lo contrario continuarán tomando nuevos préstamos para saldar viejos compromisos, llevando a la economía una incertidumbre.

Ese panorama llevaría al próximo gobierno a una reforma fiscal con fuertes ajustes para poder cumplir con el servicio de la deuda y ejecutar obras de infraestructura y programas sociales.

En el 1994 la deuda reestructurada alcanzó los US$447.17 millones, siendo la deuda global de US$5,933.6 millones, permitiéndole al país alcanzar nuevas condiciones de pago, ponerse al día con los compromisos internacionales y abrirse al mercado financiero externo. En ese momento presentaba un default.

Observamos que a abril pasado la deuda del sector público no financiero se ubicó en US$23,977.0 millones, lo que ha llamado la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de déficit fiscal, lo que obligaría al país a una reforma, ya que acumula acreencia de un 48% del Producto Interno Bruto y con tendencia a continuar aumentado si el Gobierno no se aboca a adoptar las medidas pertinentes. Es lo mismo que decir que se debe pagar casi la mitad de lo que generan los sectores productivos. Con ese nivel no se puede avanzar, aunque en el gobierno algunos sostengan que la capacidad de endeudamiento no se ha agotado. No importa la forma en que se quieran presentar las cifras, la lógica común indica que si usted debe destinar a pagar deuda la mitad de todo lo que produce, algo ya no anda muy bien.

Lo urgente ahora es plantearse una reestructuración de la deuda externa que tienda a reducirla y lograr un respiro en el pago del servicio y del amortiguamiento del capital. Todavía es tiempo de evitar un desastre.