Se ha convertido en un clamor popular el pedido de que se revise el contrato suscrito por el Gobierno con la firma minera Barrick Gold para explotar el yacimiento de oro de Pueblo Viejo, Cotuí.

Diferentes sectores de la sociedad se preguntan por qué el presidente Danilo Medina no ha dispuesto la revisión del contrato con la firma minera a pesar de la demanda casi generalizada en ese sentido.

Sabemos que existen grandes y fuertes intereses económicos y políticos internacionales que están detrás de la Barrick Gold, los cuales ejercen presión en estamentos del Estado para que la revisión no se concrete.

Recientemente leímos un espacio pagado de la firma minera en los distintos diarios nacionales en donde exponía que el Estado  recibiría de ingresos 11,000 millones de dólares por las exportaciones futuras de oro, plata, cobre y zinc, sin embargo, no decía cuánto obtendría la empresa por ese concepto.

La Barrick Gold, además, hablaba como beneficios los ingresos del gobierno por el cobro del Impuesto Sobre la Renta, distorsionando la realidad, a sabiendas de que dicho gravamen provendría de los sueldos de los trabajadores y ejecutivos.

Llevando el actual contrato al original el país recibiría beneficios durante los próximos cuatro años alrededor de 3,500.0 millones de dólares para obras sociales. Las reservas de oro han subido un 25%, lo que implica que la mina que en el año 2005 estaba valorada en US$12,000.0 millones, hoy en día tiene un valor de US$52,000.0 millones, pero esa minera quiere quedarse con todos los beneficios y excedentes, y dejar miseria y contaminación ambiental.

Se impone de urgencia la modificación del artículo 8 del contrato originalmente firmado en el año 2001, y mediante cual el pueblo  fue despojado de los beneficios.