Las reformas fiscales ejecutadas hasta el momento han estado dirigidas a resolver problemas coyunturales de insuficiencia de ingresos. Sin embargo, se han dejado a un lado cambios de fondo como la inequidad del sistema tributario, la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos y la calidad, así como en la eficiencia y efectividad del gasto.

En el país no ha habido éxito en lograr una reforma fiscal integral debido a que no se ha alcanzado un verdadero consenso entre los agentes que representan los variados intereses económicos, políticos y sociales de la sociedad.

Las élites predominantes han canalizado sus intereses en los distintos momentos de la historia, logrando así privilegios en perjuicio del propio Estado, es decir, exenciones y exoneraciones.

En las conversaciones se reflejan los balances de poder que explican por qué sectores como las organizaciones de la sociedad civil hoy en día continúan  careciendo de la capacidad de incidir en la política fiscal para alcanzar un sistema tributario que permita que la equidad sea el objetivo primordial.

Observamos que sería altamente importante para el país lograr una coalición que permita superar los intereses particulares para alcanzar un sistema tributario capaz, universal y progresivo, pero sin exclusión de sectores, especialmente de la clase media.

Los impuestos o tributos obligatorios destinados a cubrir el gasto público no generan beneficio especial directo e inmediato para las personas físicas y morales que los pagan. En muchos países del mundo, los ciudadanos cancelan sus impuestos y como contrapartida, el gobierno los administra de manera que garantiza que la educación y la salud sean gratuitas y muy baratas y de calidad, un transporte eficiente y calidad de vida lo suficientemente alta, así como una efectiva seguridad ciudadana.