Este miércoles, representantes de comunidades de Cotuí, la empresa Barrick Pueblo Viejo, el Gobierno dominicano y la Iglesia Católica firmaron un acuerdo para resolver los temas pendientes relacionados con el proceso de reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.

El acto contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en representación del Gobierno; el obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, en nombre de la Iglesia; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, como observador del proceso.

A continuación, los tres puntos esenciales del acuerdo:

1- Plan de viviendas

Barrick Pueblo Viejo y el Estado dominicano garantizarán la entrega de soluciones habitacionales dignas y adecuadas para cada familia afectada, conforme al censo previamente realizado.

Además, el Estado se comprometió a construir una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal en la nueva comunidad. También se contempla la puesta en funcionamiento de una estancia infantil y la mejora del tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.

2- Educación financiera y desarrollo social

El acuerdo incluye un programa de generación de ingresos y educación financiera con acompañamiento técnico para impulsar actividades económicas sostenibles.

Asimismo, se implementará un plan de fortalecimiento educativo que busca reducir el rezago escolar en las comunidades reasentadas, así como programas para disminuir el analfabetismo y promover la convivencia entre las familias trasladadas y las comunidades receptoras.

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3- Reposición de cultivos

Se establecieron nuevos valores de reposición para 80 cultivos de ciclo corto y perennes, además de seis especies de árboles forestales, con una matriz de precios previamente definida. También se acordó la compensación económica correspondiente por cada tarea de tierra afectada.

¿Cuál será la inversión total?

El proyecto de reasentamiento contempla una inversión superior a los RD$20 mil millones. Este monto cubrirá desde la construcción de viviendas hasta el acceso a servicios esenciales como agua potable, electricidad, educación primaria y secundaria, instalaciones deportivas y vías de acceso, además de planes productivos que garanticen medios de vida sostenibles para las familias reasentadas.

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