Por mucho tiempo ha resultado difícil calcular el ingreso real de los altos funcionarios del Estado dominicano, y por eso en los años del presidente Joaquín Balaguer, sobre todo en los célebres Doce posteriores a la guerra civil, la gente sonreía pícaramente cuando escuchaba decir que el sueldo del primer mandatario (el formal y de cheque regular) no pasaba de los tres mil pesos mensuales. Se trataba de una suma que ni mínimamente hubiera podido proporcionar las condiciones de vida de un jefe de Estado, por más austero y frugal que fueran el estilo y los gustos del “inquilino” del Palacio Nacional. Por igual, en la cultura y los usos de la República Dominicana, ser jefe importante, director o ministro, suele significar que se está rodeado de privilegios y facultades excepcionales en el uso de recursos, y nunca queda clara la frontera entre lo público y lo estrictamente privado. Hace algunos años se destapó el escándalo de que un director general de un instituto estatal que cobraba jugosas dietas para cubrir “gastos” de los viajes que, en vehículos costeados a su vez por el fisco, hacía a Santiago para visitar a su familia. La denuncia de esta práctica no tuvo ningún efecto en los canales oficiales. Y es que en el Estado, el que hizo la ley hizo la trampa, y a nadie debe sorprender que la planta eléctrica de emergencia que algún jerarca haya instalado en su finca para un disfrute particular, fuera comprada con dinero del Erario pero astutamente justificada como para otros fines en los libros de contabilidad.

¡Vuelve la rabia!

  Como quien no quiere la cosa, el Centro Antirrábico Nacional informó que una niña de cinco años de edad murió en septiembre tras contraer la hidrofobia a causa del arañazo de un gato, hecho registrado en la comunidad de Guerra, cercana a Santo Domingo. Aunque ese centro vacuna cada año a miles de mascotas, sucede que ya en el país no se aplican controles sobre la crecida población de perros realengos, como se hacía antes, cuando con periodicidad salían brigadas a eliminar a los perros sin dueños. Ahora mismo es fácil encontrarse con jaurías completas en barrios, avenidas y parques. Aquí por demás no han existido las perreras municipales para alojar animales que deambulen sin vacunar por todas partes, lo que sería mucho pedir, siendo tan primordial que las autoridades primero recogieran a los tantos enajenados mentales que caminan libremente por las calles de Dios, a veces generando peligros al prójimo con sus comportamientos o corriéndolos ellos mismos, como ocurre con una extraña mujer que se pasa la vida desfilando sobre los muros de división de los elevados. Lo cierto es que en Santo Domingo están dadas las condiciones para un rebrote de la rabia animal, enfermedad que puede ser transmitida a los humanos y que, significativamente, ha aparecido recientemente en los Estados Unidos.

¡…y resurge la “Aplanadora”!

  Como van las cosas, eso que una vez dieron en llamar “la dictadura de la mayoría” en el Congreso estaría de vuelta, pero ya bajo la bandera del partido (PLD) que domina también el Poder Ejecutivo. La aprobación de la rectificación fiscal con el insulto a la inteligencia de los dominicanos de enviar el proyecto a una comisión de estudios que actuó al vapor, expuso la docilidad total de un poder que se supone independiente. Tan rápida e irreflexiva fue la aprobación que a las pocas horas se descubrieron detalles que chocan de frente con el esquema del DR-CAFTA, y quién sabe con cuántos otros intereses a los que quizás sea de rigor poner atención todavía. El penoso proceso legislativo fue tan rampante y unilateral (tanto en lo que respecta a la rectificación como a la transferencia de fondos) que los proyectos solo sufrieron los cambios que beneficiaban al propio Congreso con más recursos presupuestales o para preservar intactos los derechos a exoneraciones para automóviles de los legisladores. De modo que la “dictadura de mayoría” que el PLD prometía corregir a través de las pasadas elecciones, ahora tiene más graves implicaciones, pues en los hechos parece que se ha anulado la función de contrapeso parlamentario que a la salud de la República convenía.