Equidad
El proyecto de ley que criminaliza el fraude eléctrico, actualmente en manos del Senado de la República, está llamado a poner freno al que ha sido definido como el principal enemigo de la sustentabilidad del mercado eléctrico dominicano, pero tal parece que requiere un decisivo toque de equidad si además se aspira a que sea un instrumento justo que castigue por igual a quienes se roban la electricidad, sean ricos o pobres, como a los que cobran por una energía que no ofrecen a sus clientes, como es el caso de las empresas distribuidoras.

Y eso es precisamente lo que propone el ex senador peledeísta José Tomás Pérez, quien acaba de remitir una carta en ese tenor al presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, advirtiéndole además que si ese proyecto se aprueba tal y como está se convertirá en un odioso instrumento de persecución contra miles de familias pobres, pero igualmente contra una clase media que ha sorportado con admirable estoicismo los embates de las políticas fiscales de los gobiernos, mientras se permite a las distribuidoras servir la energía que les da la gana o violentar a su antojo y total impunidad la Ley General de Electricidad que las obliga a indemnizar a sus usuarios por la energía no servida.

Alianza estratégica
Dicen que Dios los cría y que ellos se juntan. ¿Verbigracia? Juan Hubieres y Antonio Marte, hasta ayer protagonistas de feroces enfrentamientos -utilizando nuestras carreteras, calles y avenidas como campos de batalla- por el control de varias rutas del transporte interurbano, unidos hoy en estratégica alianza en pos de un objetivo común: torcerle el brazo al gobierno, al que reclaman un subsidio igual que el que se concede a la OMSA dado que, según alegan, no resisten las crecientes alzas de los combustibles, las gomas, los lubricantes y demás accesorios. Tanto Marte como Hubieres se han declarado en sesión permanente trabajando en la elaboración de su agenda de lucha, que incluye -como era de esperarse- una huelga del transporte, a fin de convencer a las autoridades de la necesidad de acceder a sus demandas. Poco se sabe, entretanto, de lo que se hace desde el gobierno para hacer frente a la agresión que se planea contra el sosiego público, pero es evidente que ningún gobierno que se respete puede consentir semejante chantaje.

Austeridad
A pesar de que el Congreso Nacional acaba de aprobar una ley de austeridad y los distintos voceros del gobierno, incluído el Presidente de la República, se han llenado la boca con esa santa palabra, todavía hay importantes sectores de opinión que no ocultan su escepticismo ante una administración que ha ganado fama de manirrota y proclive al boato. Por eso se han producido casi de manera automática las críticas a la delegación que acompañará al presidente Fernández a la toma de posesión del sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, la primer salida al exterior del mandatario en el año que recién comienza, entre los que figuran Euclides Gutiérrez Féliz, Max Puig, Miguel Mejía y otros cuatro funcionarios, cantidad que se entiende excesiva para un gobierno que dice estar en austeridad y que difícilmente pueda explicar la conveniencia para el país de la presencia en Nicaragua de la mayoría de los miembros de esa delegación.