Tomando en cuenta la ausencia de normas y controles que caracteriza el negocio de instalación y el uso de equipos de gas propano en vehículos de motor, tanto los utilizados en el transporte de pasajeros como de uso privado, hay que concluir que solo la bienhechora protección de la Virgen de La Altagracia ha impedido que hoy estemos lamentando una gran tragedia.

Eso no quiere decir, de ninguna manera, que en lugar de prevenir esa eventual tragedia nos resignemos a convivir con ella, de convocarla en el lugar menos pensado como estuvo a punto de ocurrir el sábado pasado en el túnel de la avenida 27 de Febrero, donde por un milagro no hubo víctimas que lamentar ni lesionados, suerte que no tuvieron los nueve menores que sufrieron quemaduras severas al incendiarse la camioneta en que viajaban luego de que se produjera un escape en el sistema de gas propano instalado al vehículo. Ojalá no esperemos la ocurrencia de una gran tragedia para decidirnos a establecer controles sobre las bombas de tiempo rodantes que andan por ahí sin que nadie sabe en qué momento ni dónde estallarán.

¿Un fucú?
Cualquiera diría que al llevado y traído TLC con Estados Unidos y Centroamérica, que nos pondrá a comerciar de tú a tú con una de las economías más grandes y competitivas del planeta, le ha caído un fucú, pues ahora resulta que el triunfo de los demócratas en las elecciones congresionales norteamericanas podría retrasar, por enésima ocasión, su entrada en vigencia. Julio Ortega Tous, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, recordó la feroz oposición de los demócratas, entonces en minoría, a la aprobación de ese tratado, por lo que recomienda no bajar la guardia hasta tanto no arranque en firme. Hay que suponer que Ortega Tous no trata de amargarnos la fiesta sino de hacer un atendible llamado de atención para que no empecemos a celebrar antes de tiempo, pues parece que de aquel lado del charco las cosas empiezan a cambiar más pronto de lo que quisiera el belicoso presidente Bush.

Fraude en Finanzas
Emilio López Muñoz, secretario general de la Asociación Nacional de Pensionados del IDSS, no está de acuerdo con el secretario de Finanzas Vicente Bengoa, quien asegura que el millonario fraude detectado en esa cartera es un asunto viejo, fraguado en anteriores administraciones, pues aunque reconoce, como dice Bengoa, que la mafia viene operando desde hace tiempo, fue a partir de enero de este año cuando se agravó. Toca a las autoridades determinar las responsabilidades de los involucrados en ese fraude, pero tal vez sea oportuno recordar que en noviembre del 2005 este diario publicó denuncias sobre el descuento ilegal de quince millones de pesos a miles de pensionados a los que se afilió, sin consultarlos, a una aseguradora entonces de reciente formación. El escándalo obligó a Finanzas a devolver el dinero descontado pero no se produjo, que se sepa, ninguna sanción para el funcionario responsable, quien siguió en el puesto hasta que fue recientemente destituído y puesto bajo investigación en torno al fraude descubierto. Quizá una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero hasta tanto no concluyan las investigaciones no parece prudente descartar ninguna hipótesis.