A pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados imita -de manera consciente o inconsciente- el metal de voz, las inflexiones y hasta el peculiar seseo que produce al hablar el presidente Leonel Fernández es mucho lo que le falta todavía para alcanzar las destrezas retóricas del mandatario, pues hablar bonito -o parecerlo- no es suficiente para convencer al interlocutor de la validez de sus razones y mucho menos para hacerle cambiar de opinión.

De ahí que resultara fallido su intento de justificar, con artificios retóricos de segunda mano, lo injustificable: la inobservancia, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley de Autonomía Judicial que dispone que se le asigne el 2.66% de los ingresos fiscales contemplados en el Presupuesto Nacional al Poder Judicial, que remata con un argumento que rezuma cinismo: la realidad económica del país no permite asignar mayores recursos que los que se lograron redistribuir a través del addéndum remitido por el Poder Ejecutivo. De lo que Julio César Valentín está hablando es del intenso proceso de negociación de las últimas 48 horas entre la comisión bicameral que “estudió” la pieza y la gente que mueve los hilos de la trama desde el Palacio Nacional, gracias a la cual la Cámara de Diputados consiguió 300 millones de pesos adicionales y el Poder Judicial -no obstante la existencia de la ley 194-04- apenas tres milloncitos.

Ojalá dure

  Parece que va en serio el anunciado propósito del gobierno de obligar a los centros de diversión y expendio de comida a ceñirse a las normas de seguridad destinadas a proteger las vidas de sus parroquianos, que el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Guillermo García, ha prometido hacer cumplir a rajatabla y sin importar quién sea el propietario del establecimiento. Y como quien pasa de inmediato de las palabras a los hechos, esta misma semana dispuso el cierre temporal de dos restaurantes y un pica pollo en Ciudad Nueva y la Zona Colonial, al tiempo que advirtieron a otros doce establecimientos de la zona que en los próximos días podrían correr la misma suerte si no se acogen a las normas de seguridad. Hay que respaldar este esfuerzo de las autoridades por hacer cumplir las leyes que velan por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que visitan esos establecimientos, pero también recordarles que ese esfuerzo debe mantenerse firme y consistente en el tiempo para que pueda dar los frutos que deseamos todos.

Vergonzoso

  Hay que suponer que el secretario de Deportes, que tanta vitrina se da en los periódicos, hace tiempo que no se da una vueltecita por el Parque del Este, construido para los Juegos Panamericanos celebrados en el país en el 2003 a un costo cercano a los cinco mil millones de pesos, pues lo que muestra un reportaje del periódido El Día, ilustrado con abundantes fotografías, debe ser motivo de vergüenza para cualquier autoridad deportiva que se respete y respete el dinero de los contribuyentes que se invierte en las obras públicas. Se puede alegar -para variar- falta de recursos para darle un adecuado manteniento a esas costosas instalaciones, también que la culpa es de los guardias que las custodian pues permiten que los vándalos las desmantelen delante de sus propias narices, pero cualquier excusa será insuficiente para justificar el vergonzoso espectáculo que nos mostraron las fotografías que acompañaron ese reportaje.