Entonces quiere decir, según José Tomás Pérez, que los gobiernos peledeístas, encabezados ambos por el doctor Leonel Fernández Reyna, no han roto con la visión del modelo de Estado clientelar y populista, pues han terminado acomodándose a la concepción tradicional y atrasada de gobernar. La afirmación del precandidato presidencial peledeísta, formulada durante un acto proselitista en Santiago, debería propiciar una discusión a fondo dentro del PLD, pero por venir de quien viene corre el riesgo de no ser justamente valorada a pesar de que propone nuevos caminos de discusión y análisis, absolutamente pertinentes, dentro del peledeísmo, en un ejercicio autocrítico que podría despejar muchas interrogantes, entre ellas el hecho, hasta ahora inexplicado y mucho menos analizado, de que el doctor Fernández, una vez en el poder, prefiera gobernar con el librito del doctor Joaquín Balaguer y su pragmatismo salvaje en lugar de ceñirse a las prédicas y enseñanzas del profesor Juan Bosch.

Resucitando al PPH 
Las primeras reacciones oficiales a las cifras dadas a conocer en rueda de prensa por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), que entre otras cosas destaca la preocupante elevación de 6.1% a 7.2% de la tasa de desnutrición crónica infantil en el país, van de lo patético a lo ridículo y viceversa, y todo por la incorregible manía de nuestros funcionarios públicos, de este y todos los gobiernos, de querer ocultar lo evidente, lo que está a la vista de todo el mundo. Emigdio Sosa, director del Plan Social de la Presidencia, alega que los dos millones de pobres que aparecen en ese informe corresponden al periodo 2000-2004, ignorando, o fingiendo ignorar, que los datos abarcan el periodo 2000-2006. Pero el secretario de Salud Pública, el doctor Bautista Rojas Gómez, fue más lejos todavía, atribuyendo esas cifras al dedo malo del pasado gobierno y parece que también de este, aunque hayan pasado casi tres años de su salida del poder: el beligerante y travieso PPH.

Justicia traspapelada
  Es de esperar que el Ministerio Público, en la persona del doctor José Manuel Hernández Peguero, pueda ofrecer una explicación convincente sobre el “traspapelamiento” de importantes pruebas documentales relativas al expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), en el que figuran como acusados importantes funcionarios del presente gobierno, para que pueda considerarse aceptable su promesa de que procederá de acuerdo a lo que establece la ley sin importar los vínculos de los implicados con el oficialismo. Nadie ignora, mucho menos el fiscal del Distrito Nacional, que con el caso PEME se pone a prueba la política anticorrupción del gobierno, reiteradamente criticada por su falta de firmeza y consistencia, que recibiría el tiro de gracia si finalmente ese “traspapelamiento” impide que se haga justicia con una estafa que le costó el Estado dominicano más de 1,400 millones de pesos.