Doña Alejandrina Germán se ha mostrado de acuerdo, como era de esperarse, con la iniciativa de los senadores de aprobar, en primera lectura, el proyecto de ley que prohíbe cambiar los libros de texto del sistema educativo todos los años, tal y como está ocurriendo a pesar de las quejas y protestas -año tras año- de padres y tutores, pero ha creído conveniente regalarles un buen consejo: consultar a todos los integrantes de la comunidad educativa, a fin de que esa ley sea producto del consenso, la discusión sopesada y la armonización de intereses.

 La recomendación de la secretaria de Educación no es ociosa, pues mas que nada busca evitar que ese proyecto, una vez se convierta en ley, corra la misma suerte de tantas y tantas leyes que no se cumplen en este país, sea por ausencia de firmeza y voluntad de las autoridades para exigir su cumplimiento, o porque su falta de sintonía con la realidad las hace impracticables. Lo que doña Alejandrina quiere decir, aunque no lo haya dicho abiertamente, es que si los legisladores no se sientan a discutir esa prohibición con las grandes casas editoriales y los colegios privados estarán pariendo otra de nuestras tantas leyes de cuya existencia solo dan cuenta las Gacetas Oficiales.

Improvisación
Hace tiempo que deberíamos saber, por experiencia propia, que las buenas intenciones no son suficientes para cambiar, de golpe y porrazo, ciertas realidades, pues siempre hace falta un nivel mínimo de planificación si se quiere que esas buenas intenciones no terminen, como dice el conocido refrán, empedrando los tantos caminos que conducen el infierno, y todo por culpa de la improvisación. La decisión de las autoridades de prohibir la ingestión de bebidas alcohólicas mientras se conduce un vehículo de motor, aplaudida y saludada con beneplácito por todo el mundo, está encontrando algunos inconvenientes en su aplicación, pues muchos de los sometimientos a los violadores de la disposición se caen al llegar a los tribunales de tránsito por “insuficiencia de pruebas”, ante la falta de alcoholímetros que permitan establecer el nivel de alcohol en la sangre de los infractores, sobre todo de aquellos que no han sido atrapados “con las manos en la masa”, es decir el vaso o la botella. Poco sentido tiene entonces que AMET siga imponiendo multas por infracciones que no podrán sustentarse en un tribunal hasta tanto sus agentes no sean dotados de los famosos alcoholímetros, pues resulta evidente que el tufo -por más fuerte o desagradable que sea- no constituye un elemento de prueba.

Esperando el TLC
Aunque se haya perdido la cuenta de las veces que el secretario de Industria y Comercio, Francisco Javier García, ha dicho que ya no existen obstáculos para el ingreso del país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, hay que sumar a esa ya larga lista sus declaraciones, formuladas en un conocido programa de televisión, en las que niega que las autoridades de Washington hayan objetado una resolución relativa al transporte de combustibles, tal y como publicó un matutino. Y aunque el funcionario reiteró, por enésima ocasión, que ya se han cumplido todos los requisitos para dar el gran salto, lo cierto, lo verdadero, lo que está delante de nuestros ojos es que todavía seguimos a las puertas del paraíso prometido mientras la cara se nos pone larga a causa de la larga espera.