En medio de un aparatoso y casi ridículo despliegue de fuerza, que obligó a las autoridades a recurrir a la unidad especial de la Policía Nacional conocida como “Swat”, fueron juramentadas las nuevas autoridades de Puñal, en Santiago, dando cumplimiento a un decreto del presidente Leonel Fernández.

 Ese decreto, como es harto sabido ya, ha sido sometido a fuertes críticas y cuestionamientos, entre los que hay que incluir tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia, como sabido es también que esa designación, que recayó en una persona sin ningún tipo de vínculo con la comunidad, ha generado gran malestar e inconformidad. Pero hecho ya el daño, violentada, desde el poder que todo lo puede, la lógica elemental de la democracia que indica que los cargos electivos deben ser ocupados por personas electas por el voto de sus conciudadanos en unas elecciones libres, queda tan solo la amarga lección, tantas veces aprendida y tantas veces olvidada, que nos enseña que el mayor déficit que acusa la democracia dominicana es de verdaderos y auténticos demócratas.

Descaro
Circular en un vehículo sin la placa colocada en la parte exterior, en un lugar visible, constituye una violación a las leyes de tránsito en este y en cualquier país del mundo, salvo en la cabeza de Ramón Pérez Figuereo, para quien la retención, por parte de los agentes de AMET, de los vehículos que violan esa disposición legal y su posterior envío al Canódromo es parte de un plan represivo desatado por el gobierno contra los humildes obreros del volante que el próximo día 30 paralizarán el país, en demanda de un subsidio sin el cual -alegan- no podrían seguir ofreciendo sus valiosos servicios a la patria. El presidente de la CNTU advierte que esa “represión” no detendrá la convocatoria al paro, advertencia que desde aquí se aprovecha para recordar a la autoridad que su responsabilidad es hacer respetar la ley de tránsito independientemente de la descarada denuncia del transportista.

Donde dije digo…
Esta es una historia con final feliz. Hace alrededor de una semana el encargado del Departamento de Ingeniería y Obras Públicas Municipales del ayuntamiento de Santo Domingo Este, el arquitecto Luciano Navarro, anunció su renuncia irrevocable del cargo debido a una serie de irregularidades que se venían produciendo en la ejecución de los presupuestos de las obras que construye el cabildo. La seriedad de esa denuncia, agravada por el antecedente de la contratación sin concurso de una compañía recolectora de basura que desde el principio se vinculó al síndico Juan de los Santos, alertó a una opinión pública que creyó estar frente a otro escándalo con fuerte tufo a corrupción, pero también provocó la ira de las autoridades municipales, que dieron 72 horas de plazo al denunciante para aportar las pruebas que la sustenten o de lo contrario sería llevado ante los tribunales de justicia. No hizo falta esperar tanto; no bien habían transcurrido las primeras 24 horas cuando el hombre se retractó de lo dicho y lo no dicho, pidió humildemente disculpas por las molestias causadas, y dio sobradas y reiteradas garantías de que nunca fue su intención dañar la reputación del honorable síndico ni del resto de funcionarios del cabildo. Y colorín colorado…