La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, directora del Seguro Nacional de Salud, SENASA, estaba oronda y visiblemente emocionada. Y no era para menos, esa noche se inauguraba la sede principal de la institución, un magnífico edificio de cuatro niveles en el que se invirtieron RD$137 millones -38 en su aquisición y otros 99 en su remodelación- ubicado en el ensanche Naco, tras el simbólico corte de cinta a cargo del presidente Leonel Fernández.

Tanta bonanza y glamour contrastan, sin embargo, con el largo y azaroso viacrucis al que ha sido sometido el Seguro Familiar de Salud, aplazado una y otra vez a pesar de ser el componente más importante del nuevo sistema de Seguridad Social y, más que nada, herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza de este o cualquier gobierno que decida asumir con seriedad la eliminación de nuestro principal flagelo. Ha faltado, según lo que se ha dicho y repetido hasta el cansancio, firmeza y voluntad política de parte de las autoridades para someter a la obediencia a los intereses que se oponen a su entrada en vigencia, lo que no se ha dicho es hasta cuándo habrá que seguir esperando.

Propuesta atendible

  El secretario de Obras Públicas, el ingeniero Freddy Pérez, acaba de hacer una propuesta que, de ser bien acogida por el gobierno del que forma parte, podría poner fin al robo de cables y otros metales, que no es otra que la prohibición pura y simple de su exportación. El funcionario, quien se quejó de que el recién rehabilitado puente Duarte fue despojado del sistema completo de cableado, la segunda ocasión que los ladrones lo dejan completamente a oscuras en menos de un año, explicó que se ha creado un mercado muy activo y lucrativo de metales a nivel mundial, por lo que será virtualmente imposible detener el desenfrenado vandalismo del que son víctimas puentes, estatuas, tapas de alcantarilla y cuanto objeto de metal esté al alcance de los desaprensivos si antes no se desestimula ese millonario negocio. Falta ahora que el gobierno le ponga el cascabel al gato y produzca cuanto antes ese decreto.

Rebelión legislativa

  Rafael Camilo, Superintendente de Bancos y distinguido miembro del equipo económico del gobierno, no considera un incentivo “sano” el que se concede a las empresas que se instalen en la frontera, pero su eliminación, como está contemplado en la rectificación fiscal, está a punto de provocar una rebelión legislativa, pues senadores y diputados oficialistas de la frontera insisten en que aprobar la eliminación de esos incentivos los pondría de espaldas a los intereses de las comunidades a las que representan. El conflicto de lealtades que esto supone para los legisladores peledeístas, obligados a decidir entre el partido y las comunidades que les eligieron, añaden más combustible a unas tensiones partidarias que han tenido su inevitable secuela en el Congreso Nacional.