El anuncio del doctor Radhamés Jiménez, Procurador General de la República, de que solicitará una explicación a las Fuerzas Armadas sobre el incidente provocado por varios miembros del J-2 durante una audiencia del juicio que se le sigue a un coronel acusado de participar en el asesinato del mayor de la Fuerza Aérea José Manuel Herrán Mancebo, pone en su justa dimensión un agravio al sistema de justicia que no puede pasarse por alto sin que se determine cómo sucedió, porqué sucedió y quién es el responsable.

Los que prefieren echarle agua al vino sugieren que el incidente, bajo investigación de la Suprema Corte de Justicia, se produjo por una falta de coordinación entre el Ministerio Público y la juez de audiencia, pero lo cierto es que tampoco puede descartarse, conociéndonos como nos conocemos, que alguien en nuestros cuerpos castrenses de repente olvidara que la democracia dominicana hace tiempo que decidió dónde quiere ver a los guardias: en los cuarteles.

De víctimas y victimarios
Es probable que el director de COPRESIDA, el doctor Humberto Salazar, esté hoy más arrepentido que nunca de su decisión de cancelar al periodista Vianco Martínez, junto a otros funcionarios de esa institución, y más que nada de haberse atrevido a justificar esa cancelación declarando a un popular programa de radio que obedeció a la falta de capacidad profesional de Martínez para asumir las responsabilidades que implicaba el cargo. Esas declaraciones cayeron mal hasta en círculos donde el conocido periodista si bien tiene fama de malcriado y conflictivo nadie se atreve a regatearle su profesionalidad, experiencia y entrega al trabajo, y mas que nada tuvieron la virtud de convertir en víctima a Vianco Martínez y al doctor Salazar en su victimario. La carta de Wolgfan Munar, jefe de Equipo para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial, uno de los principales financiadores de COPRESIDA, en la que expresa al secretario de Salud Pública, el doctor Bautista Rojas Tabar, la preocupación de esa institución por el impacto de esas cancelaciones en los programas que financía colocan en una posición muy incómoda a nuestras autoridades de salud, pero también le recuerdan al dirigente reformista la vigencia eterna de un viejo y conocido refrán: no hay enemigo pequeño.

¡Sálvase quien pueda!
Un repaso al “equipamiento” requisado por la Policía Nacional a los cuatro delincuentes abatidos antier en la Charles de Gaulle, luego de una espectacular persecución en la que también resultó herido de gravedad un sargento de la institución, da grima y espanto: cuatro pistolas calibre nueve milimetros con sus respectivos cargadores, tres radios de comunicación, un chaleco antibalas, tres carnés falsificados del Ejército Nacional, tres cachuchas de la DNCD, una llave “tipo T” para forzar cerraduras de automóviles, un par de esposas con sus llaves, una pata de cabra y una cizalla, y para transportarse una moderna y confortable camioneta Mitsubishi robada. Agregue a eso la experiencia que les permitió acumular un amplio y variado prontuario delictivo, como bien señalan los archivos policiales, y tendrá una idea más clara y acabada del tipo de delincuencia a la que se enfrenta la sociedad dominicana.