Ha llamado la atención de analistas y comentaristas el hecho de que el presidente Fernández se reservara el derecho de flexibilizar o eliminar, a su mejor criterio, las medidas de austeridad enviadas al Congreso Nacional -se presume que para rodearlas de mayor formalidad y sentido de compromiso- convertidas en proyecto de ley, en caso de que durante su aplicación mejoren las condiciones económicas del país.

La decisión de hacer constar esa discrecionalidad -es lo que se ha interpretado- en el proyecto de marras arroja dudas sobre la sinceridad de los propósitos del gobierno de apretarse el cinturón, como le ha estado reclamando al resto del país, como tampoco han podido pasar por alto esos analistas y comentaristas que un programa de austeridad riguroso, aplicado con responsabilidad y al pie de la letra por cada funcionario público, es incompatible con un proyecto reeleccionista, mucho menos si ese proyecto tiene que imponerse primero, con todas sus consecuencias, en el Partido de la Liberación Dominicana.

Ahorro vs. dispendio
Vecinos y residentes en la Charles de Gaulle han reaccionado entre sorprendidos e indignados ante la destrucción de la isleta arbolada de esa importante avenida a manos de obreros del ayuntamiento de Santo Domingo Este, como parte de lo que funcionarios de ese cabildo han definido como un proyecto de seguridad ciudadana que han bautizado “Plan Acción Verde”. Esa sorpresa y esa indignación tienen explicación: nadie le ve utilidad ni sentido a la destrucción de una obra que estaba en buen estado y en la que la administración anterior invirtió recursos millonarios, para no hablar de los meses en que los usuarios y vecinos de la Charles de Gaulle estuvieron virtualmente respirando polvo. Tampoco se entiende que se inicie la graciosa destrucción de una obra pública justo cuando el gobierno anuncia un plan de austeridad que envuelve, entre otras medidas de ahorro, la reducción del salario de los funcionarios públicos de alto nivel incluído el Presidente de la República, mucho menos que el síndico Juan de los Santos se embarque en un proyecto dispendioso, poco oportuno y que consideran innecesario hasta aquellos llamados a ser sus principales beneficiarios.

Mal comienzo
Debutar con un escándalo como el que han desatado las acusaciones del doctor Antonio Lockward Artiles, secretario de la JCE, no parece el mejor de los comienzos para un organismo llamado a cumplir un rol de tanta trascendencia como lo es organizar unas elecciones transparentes y confiables, mucho menos si en ese escándalo se involucra al único de los jueces -Roberto Rosario- que repitió en el cargo y el único, también, con vínculos orgánicos con un partido político, en este caso el de gobierno. Demás está decir entonces que urge aclarar todo lo relativo a la grave denuncia del doctor Lockward Artiles, en manos del Departamento de Prevención de la Corrupción, para beneficio de la necesaria credibilidad de la JCE. Pero sea cual sea el resultado de las pesquisas que realiza el DEPRECO resulta inevitable traer a colación las condiciones que puso inicialmente la doctora Aura Celeste Fernández para integrarse al tribunal, que de haberse aceptado nos hubiesen ahorrado todos estos cuestionamientos y mas que nada la inquietante sensación que embarga a la opinión pública de que la nueva JCE empezó con el pie izquierdo.