El presidente Fernández ha decidido poner fin a los apuros financieros que aquejan a la OMSA, que viene operando en medio de grandes precariedades debido al recorte que le ha hecho el gobierno al subsidio que le otorga mensualmente, al disponer la inmediata entrega de 30 millones de pesos para atender los apremios más urgentes de la institución, al tiempo que dispuso restituirle los recursos que les fueron retenidos, alrededor de 150 millones de pesos, con lo que le devuelve la tranquilidad perdida a Ignacio Ditrén y evita de paso el colapso definitivo del servicio que ofrece. Pero la intervención del Presidente de la República en calidad de Chapulín Colorado abre algunas interrogantres que ojalá alguien, preferiblemente algún funcionario de la Dirección General de Presupuesto, se ocupe de aclarar.

¿Quién ordenó recortar el subsidio de la OMSA hasta el punto de prácticamente asfixiarla? ¿No se le informó de ese recorte y sus implicaciones al presidente Fernández, a quien hubo que emplazar desde los periódicos para que fuera en su auxilio y en el de sus miles de usuarios? ¿De dónde saldrán los recursos que el mandatario ordenó restituir si los que había disponibles para la OMSA se gastaron en otra cosa?

Donde dije digo…

  Apenas 24 horas después de haberse pronunciado contra las supuestas presiones que ejercieron los técnicos del FMI para imponer una nueva reforma tributaria, que lo llevó a decir que el organismo internacional le puso al gobierno “un revólver en el pecho”, el licenciado Vicente Bengoa convocó a una rueda de prensa en la que, junto al representante local del organismo internacional, negó que se haya producido algún tipo de presión para obligar al gobierno a enviar al Congreso Nacional la llamada “rectificación fiscal”. El funcionario, quien reconoció que sus expresiones crearon “confusión” en algunos sectores, aclaró que lo que realmente quiso decir fue que si el gobierno aspira a que se conozcan la quinta y sexta revisión del acuerdo stand by el 22 de diciembre debería tener aprobada la reforma a más tardar el día 15. Hecha ya la “aclaración” sería bueno preguntarle al Secretario de Finanzas, en aras de evitar futuras confusiones, cómo interpretar sus declaraciones enmendándole la plana a Temístocles Montás, secretario Técnico de la Presidencia, al descartar que en la reforma tributaria estén contemplados impuestos improcedentes “aunque lo diga Jesucristo”.

Ojo con ese impuesto

  El gobierno está obligado a sopesar muy bien los parámetros que utilizará para determinar, más allá de los precios que prevalecen en un mercado jalonado por la especulación, cuáles viviendas deben ser consideradas como suntuarias y por tanto sujetas al aumento de 1% al 2% de impuesto que prevé la reforma tributaria que se cocina, pues cualquier apartamentico en un barrio de clase media cuesta dos y tres millones de pesos sin que nadie pueda decir que se trata, ni por asomo, de un apartamento de lujo. Y debe hacerlo no solo para ahorrarle nuevas distorsiones al mercado inmobiliario, todavía afectado por el constreñimiento, sino para evitar también que ese impuesto se constituya en un nuevo golpe contra la zarandeada clase media, que en la mayoría de los casos solo puede exhibir como única riqueza un techo propio donde cobijar los hijos mientras crecen y aguardar con un mínimo de dignidad la inevitable vejez.