Los crímenes y demás hechos de violencia ocurridos durante el feriado navideño, sobre todo el asesinato de un músico de la Sinfónica Nacional y la muerte a cuchilladas de un hombre al que mató su propio hijo, han avivado las críticas a la decisión de las autoridades de levantar las restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que según las páginas de los periódicos llenaron de heridos, contusos y lesionados las emergencias de los hospitales públicos, tanto por efecto de la violencia en sus distintas manifestaciones como por accidentes de tránsito atribuíbles al alcohol y los demonios que desata.

No obstante esos hechos y esas críticas el jefe de la Policía Nacional sostiene, con sus estadísticas en las manos, que en estas fiestas se redujo drásticamente el número de muertes violentas pues el día de Nochebuena “solo” se produjeron cinco en comparación con las nueve del 2005, y todo gracias -¡adivina adivinador!- al Plan de Seguridad Democrática. Las estadísticas del general Bernardo Santana Páez reflejan, en verdad, una paso de avance si de lo que hablamos es de estadísticas, de números fríos, pero es obvio que no hay absolutamente nada que celebrar y mucho menos vanagloriarse.

Cultura del fraude

  Las cifras que ofrece el director del Programa de Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF), coronel Delis del Pilar Hernández, sobre los sometimientos a la Justicia a personas, empresas, industrias y condominios ilustran a la perfección las dimensiones de un problema definido como el principal obstáculo para la sostenibilidad del sector eléctrico. Exactamente 2,460 sometimientos canalizó el PAEF en el 2006 que agoniza, muchos de ellos a personas y empresas a las que se envió ante los tribunales por tercera ocasión, nada extraño tratándose de una práctica ilegal que ha devenido en cultura que practican por igual ricos y pobres. La gente del PAEF, por supuesto, se siente satisfecha con esos resultados, que promete redoblar para el año próximo, pero ojalá sepan que se enfrentan a una tarea ardua y trabajosa en un mercado eléctrico donde, además del fraude generalizado, el alto costo de la tarifa induce al usuario a la ilegalidad para poder sobrevivir.

La otra campana

  Los diarios han recogido con profusión el drama de las 28 familias “desalojadas” del sector Las Caobitas, en el Evaristo Morales, sobre todo de las que todavía viven allí en condiciones de extrema precariedad en las pocas ruinas que dejaron en pie los miembros de la “fuerza pública” que hace dos semanas se presentaron al lugar y en unas cuantas horas derribaron a mandarriazos lo que costó décadas levantar. El terrible drama de esas familias, sobre las que gravita como una espada de Damocles una sentencia de desalojo de la Suprema Corte de Justicia, parece no tener fin, al igual que para quienes viven la otra cara de ese drama. Vecinos del ensanche Evaristo Morales han pedido de manera formal al síndico Roberto Salcedo que busque solución al problema de arrabalización que entraña la presencia de esas familias en la zona, que afecta -según dicen- el valor de sus propiedades y negocios, en atención al derecho que les asiste de vivir en una ciudad organizada y en la que se respete el sagrado derecho a la propiedad.