Hay que suponer que el ciudadano común se pregunta, cuando lee en un periódico que desconocidos dejaron a oscuras el Altar de la Patria tras robarse los cables eléctricos del monumento, hasta dónde llegaremos si seguimos los derroteros del vandalismo desenfrenado en que ha degenerado el robo de metales en este país, pero quizá esa resulte una pregunta muy difícil de responder para unas autoridades que se han mostrado -de manera lastimosa- incapaces de contener el impune saqueo.

 Sino que le pregunten a religiosos y feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, del barrio Juana Saltitopa en Los Alcarrizos, donde varios individuos robaron antenoche la campana de bronce, de alrededor de 500 libras, que utilizan para llamar a sus fieles a misa. ¿Qué se llevarán la próxima vez?

Reformas
En vista de que el presidente Fernández ha expresado de manera abierta, clara y precisa su interés en modificar el célebre artículo 55 de nuestra Constitución, una de las fuentes del sobredimensionado presidencialismo que tipifica a nuestra democracia, hay que suponerlo interesado en escuchar la opinión al respecto del doctor Eduardo Jorge Prats, distinguido miembro de la comisión designada por el mandatario para elaborar una propuesta de reforma a la Carta Magna a partir de los resultados de las consultas populares que se realizan. Según el jurista la fuente de esa “monarquía presidencial” no es, como pudiera pensarse, el vilipendiado artículo, sino la ausencia de un sistema de justicia administrativa que pueda frenar a un Poder Ejecutivo demasiado inclinado a actuar al margen de la ley, como acaba de ocurrir -por enésima ocasión- con las leyes que especializan fondos para el Poder Judicial y los ayuntamientos, ignoradas olímpicamente en el Presupuesto Nacional. Tan significativa es esa carencia, nos estruja en la cara Jorge Prats, que somos el único país del hemisferio occidental que no cuenta con esa útil herramienta de contrapeso institucional.

A propósito de carencias
Otra de nuestras grandes carencias institucionales, como quedó demostrado de manera fehaciente en la investigación realizada por la comisión designada por la Procuraduría General de la República para establecer las circunstancias en que murió el fiscal adjunto de Sosúa, Puerto Plata, Teódulo Ceballos Peñaló, lo es una policía técnica judicial que actúe bajo la dirección del Ministerio Público, que sea totalmente independiente de la Policía Nacional y que disfrute de autonomía financiera, como lo acaba de proponer, en líneas generales, el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia. Esa policía técnica judicial, según el doctor Alejandro Moscoso Segarra, estaría dedicada exclusivamente a la investigación al momento de la comisión de un delito o infracción de la ley. Tanta belleza, desde luego, no sería posible sin la voluntad política de quienes impulsan la oleada de reformas que se promueve desde el Palacio Nacional, que ojalá puedan concluir la ingente tarea que se han propuesto antes de que se les acabe la gasolina o la demagogia.